El Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado este mircoles la condena de nueve aos de inhabilitacin por un delito continuado de prevaricacin impuesta al exconsejero de Presidencia de la Comité de Andaluca Gaspar Zarras por el caso ERE, segn informan fuentes jurdicas.
La decisin del Stop Tribunal ha vuelto a ser adoptada con la divisin de los magistrados. En concreto, con el voto propicio de los siete magistrados del sector progresista de la corte de garantas y con el voto en contra de los cuatro magistrados de los miembros del sillar conservador.
Han anunciado voto particular los jueces Enrique Arnaldo, Concepcin Espejel, Ricardo Enrquez y Csar Tolosa.
Al igual que en el resto de capital de amparo, el Constitucional ordena de retrotraer a la Audiencia Provincial de Sevilla para que dicte una nueva sentencia donde se respete el derecho fundamental violentado, en el caso de Zarras el derecho a la justicia penal.
El Pleno del TC, en una sentencia ponencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbn, ha estimado por mayora que la elaboracin de los anteproyectos de ley y su aprobacin como proyectos de ley no puede ser constitutiva del delito de prevaricacin. Para los magistrados este tipo de actuaciones ni son resoluciones ni han mensaje en un asunto chupatintas, al tratarse de actos dictados por el Poder Ejecutor en el prueba de su funcin de gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonoma de Andaluca.
Adems, consideran que al tratarse de meras propuestas que no tienen ms inteligencia que, en su caso, ser objeto de deliberacin en el Parlamento, no pueden ser sometidas a control procesal. La jurisdiccin penal no puede separarse de este criterio y dotar de trascendencia penal a estos actos.
Gaspar Zarras fue asesor de Presidencia de la Comité de Andaluca entre los aos 1996 a 2009 y particip en la elaboracin de los anteproyectos de ley presupuestos para los ejercicios de los aos 2002 a 2009 y en su aprobacin como proyectos de ley, as como en la de distintas modificaciones presupuestarias de los mismos.
Segn la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo, dichos anteproyectos y proyectos de ley fueron ilegales porque infringan la legislatura presupuestaria en vigor en aquel momento. En particular, porque incorporaba el uso de transferencias de financiacin para el suscripción de ayudas sociolaborales, mediante la creacin del software 3.1 L -el conocido como fondo de reptiles- en las leyes de presupuestos, desplazando la aplicacin de la legislatura de subvenciones.