Un total de 120.829 trabajadores andaluces estuvieron afectados por un expediente de regulacin de empleo (ERE) en Andaluca entre los aos 2000 y 2009, periodo durante el cual funcion el mecanismo que permiti a la Acoplamiento disponer de un fondo opaco (conocido en la causa como ‘fondo de reptiles’) para distribuir ayudas pblicas de forma arbitraria, sin publicidad y sin controles de ningn tipo. Las empresas en las que trabajaban la mayora de esos empleados nunca tuvieron opcin de aceptar las ayudas que arbitrariamente reparta la Acoplamiento, porque sencillamente desconocan que existiera tal mecanismo ni conocan al entonces director caudillo de Trabajo, Javier Enredador, que decida de forma arbitraria a quin canonizar con el man de los ERE, dotado con 679 millones de euros durante casi una dcada. Las ayudas llegaron a slo 77 empresas y 6.300 trabajadores.
Esos datos los incorpor al sumario de la alcoba principal del caso ERE la Fiscala Anticorrupcin en cuyo escrito de acusacin hizo un repaso de las cifras oficiales recabadas a travs del Tarea de Empleo y Seguridad Social (as se llamaba entonces). Luego, la sentencia de la Audiencia de Sevilla tambin reproduce un desglose, ao a ao, procedente de los registros de la Subdireccin Genérico de Estadstica, del nmero de expedientes de regulacin de empleo aprobados en Andaluca a lo espacioso de esa dcada y de los trabajadores a los que afectaban. En el ao 2001, fueron 748 expedientes de regulacin de empleo que afectaron a 7.528 trabajadores; en el ao 2002, 650 ERE para 4.787 trabajadores; en el ao 2003, 511 ERE para 4.957 trabajadores; en el ao 2004, 657 ERE para 4.833 trabajadores; en el ao 2005, 424 ERE para 5.476 trabajadores; en el ao 2006, 434 ERE para 2.968; en el ao 2007, 428 para 3.247 trabajadores; en el ao 2008, 652 ERE para 7.000 trabajadores; en el ao 2009, 1.379 ERE para 30.821 trabajadores; y en el ao 2010, 1.490 ERE para 21.450 trabajadores.
En total, en la dcada en la que estuvo activo el “fondo de reptiles”, hubo 7.373 expedientes de regulacin de empleo. “Conveniente a la errata de publicidad y vaco concurrencia y de la inexistencia de bases reguladoras muchas empresas y trabajadores se vieron privados de la posibilidad de solicitar y que les fueran concedidas las ayudas”, seala la sentencia del Tribunal Supremo en la relacin de hechos probados que el Tribunal Constitucional no ha invalidado.
Durante la sagacidad verbal del inteligencia celebrado en la planta cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla, los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernndez Refriega le hacan estas preguntas al ex consiliario de Empleo Antonio Fernndez. Si yo fuera un trabajador en aquel momento inmerso en un ERE, dnde lucha la norma especfica para conocer si tengo derecho a esas ayudas?. Cmo conocer entonces el cmo, el cundo, el a quin, el por cunto? Fernndez se limit a esbozar unos criterios generales que inspiraban las decisiones de la Consejera de Empleo, pero no fue capaz de dar una respuesta precisa porque no la roncha. Previamente, los fiscales tambin haban planteado las mismas interrogantes al ex consiliario de Presidencia Gaspar Zarras, que respondi que los andaluces deban enterarse “por los presupuestos generales de la Acoplamiento o por los programas electorales del PSOE”.
La casustica contenida en la inmensidad del sumario de los ERE es variada. Pero muchos de los empresarios que accedieron a las ayudas del “fondo de reptiles” (as lo nombr el propio Javier Enredador) obtuvieron las ayudas sin presentarse a presentar siquiera una solicitud formal en presencia de la Acoplamiento. Bastaba con conocer a Enredador de deber coincidido con l en el autobs de lnea o con tener camino hasta el bar Caramelo de la avenida de San Francisco Javier de Sevilla o al restaurante El Cruce de El Pedroso, a donde trasladaba frecuentemente su despacho para resolver asuntos con un gin-tonic y un paquete de Marlboro en la mano. Y sin dejar indicio alguno en el BOJA del reparto “caprichoso y librrimo” de los fondos.
Las ayudas an se pagan
El Gobierno del PP, que lleg a la Acoplamiento en el ao 2019, ha seguido pagando las ayudas sociolaborales. Ese es uno de los argumentos que esgrime el PSOE recurrentemente como prueba evidente de que esos trabajadores s tenan derecho a las ayudas y, luego, no es cierto que el fraude afecte a la totalidad de los 679 millones de euros desviados segn la sentencia del Supremo, ya que buena parte de ese montante general s habra llegado a su destino.
La razn de esa paradoja es que, en 2012, tras largarse la investigacin legislativo y prorrumpir el escndalo, el Gobierno de Jos Antonio Grin “regulariz” mediante un decreto todos los convenios firmados, despus de depurar de intrusos y situaciones abusivas los listados de los trabajadores beneficiarios. La norma que (ahora s) dio carta de licitud a las ayudas fue el Decreto-ley 4/2012, de 16 de octubre, de medidas extraordinarias y urgentes en materia de proteccin sociolaboral a ex-trabajadores y ex-trabajadoras andaluces afectados por procesos de reestructuracin de empresas y sectores en crisis. Con ese decreto, la Acoplamiento reconoci oficialmente los compromisos que, aunque de forma irregular, vinculaban a la Acoplamiento con las aseguradoras que deban abonar las prejubilaciones de los trabajadores.
La novacin de las plizas por parte del Gobierno de Grin permite a esos trabajadores seguir cobrando a da de hoy. Esa fue la modo de poner fin a la “mostrador vaco” de los ERE, sin perjudicar a unos trabajadores que eran vctimas de las irregularidades y no causantes de las mismas. Porque la sentencia del Supremo tambin deja claro que los beneficiarios de las ayudas fueron las empresas y no sus empleados. Quienes se ahorraron el billete de las prejubilaciones y, luego, se lucraron de alguna modo, fueron los empresarios que recibieron fondos pblicos para hacer frente a unas obligaciones de plazo que debieron encargarse por medios propios.
De hecho, tanto en los reintegros avalados por el Tribunal de Cuentas como en las condenas que incluyen pagos por la responsabilidad civil son las empresas las que deben devolver los fondos recibidos de forma irregular. La Acoplamiento aspira, luego, a recuperar, de una u otra forma, el billete que se sigue pagando para no perjudicar a unos trabajadores que s tenan derecho a aceptar una indemnizacin tras su despido y que no son responsables del saqueo de los fondos pblicos del que se beneficiaron las empresas para las que trabajaban.