Era el ms esperado. El primero tras el acuerdo por el Consejo Genérico del Poder Sumarial (CGPJ) y despus de la entrada en vigor de la ley de amnista. El botellín referencia sobre el Estado de Derecho pasa de puntillas sobre la amnista aunque afea su tramitacin por va urgente. La Comisin Europea tambin expresa “preocupacin” por la “presin indebida” que comentarios de polticos y miembros del Gobierno han expresado recientemente sobre las jueces.
“En unos pocos Estados miembros existe preocupacin por una presin indebida sobre el poder legal por parte de polticos o del nivel ejecutor, y tambin hay evidencia de presiones provenientes de terceros pases. El peligro de que las declaraciones pblicas de gobiernos y polticos puedan afectar a la opinin pblica. La confianza en la independencia legal ha generado preocupacin en Eslovaquia, Italia y Espaa“, se desprende de la comunicacin. En uno de los pases de la UE con menos confianza de la ciudadana sobre su poder legal, Bruselas critica la existencia de “declaraciones pblicas de polticos, incluso del Gobierno, criticando al poder legal”.
Buena parte de la atencin y expectativas de este referencia llegaban producto del primer pronunciamiento pblico de Bruselas sobre la ley de amnista. Por lo pronto, pasa de puntillas aunque s reconoce su “controversia”. A lo desprendido de las 37 pginas, la menciona en ocho ocasiones. “La Ley de Amnista fue objeto de una gran controversia en Espaa, ligada a las circunstancias polticas en torno a su proceso de adopcin y su contenido, incluidas manifestaciones y declaraciones pblicas de diferentes partes interesadas, as como una extensa correspondencia dirigida a la Comisin Europea”, arranca el texto. Bruselas recuerda que contina analizndola y pone de manifiesto que muchos actores han expresado su preocupacin, especialmente por su potencial impacto en la lucha contra la corrupcin.
“La estamos analizando. No tenemos data lmite. Las especulaciones sobre la tolerancia de procedimientos de infraccin son solo especulaciones”, ha evidente Ribera Jourov, comisaria de Transparencia y Títulos Europeos, en rueda de prensa. La Comisin Europea est evaluando la legislacin, que ha entrado en vigor recientemente. Tras el parn veraniego continuar la investigacin siguiendo el curso regular: si se detecta una brecha con las normas comunitarias, dirigir una carta a las autoridades espaolas. Por su parte, Didier Reynders, el comisario de Ecuanimidad ha subrayado que el primer paso es ver la reaccin, interpretacin y aplicacin de los tribunales espaoles, que cuentan con diferentes vas como acogerse delante el Tribunal de Ecuanimidad de la UE.
La Comisin Europea recoge la opinin que la Comisin de Venecia revel en marzo, que destac el hecho de que la propuesta legislativa se llev delante mediante un procedimiento de aprieto, que slo permita una consulta limitada al pblico. Bruselas lo hace propio: “La Comisin de Venecia subray la importancia de dar tiempo y espacio para la consulta sobre dicha legislacin y los beneficios que se obtendrn al contar con el apoyo de la legislacin por una mayora mejorada en el Congreso”. Concluye, por ello, que “siguen existiendo preocupaciones sobre algunas prcticas procesales relacionadas con el uso de procedimientos de emergencia para la aprobacin de la legislacin”.
El documento mide la temperatura de la vigor democrtica en los 27 Estados miembros: el sistema legal, el entorno de lucha contra la corrupcin, el pluralismo de los medios de comunicacin y otras cuestiones institucionales relacionadas con el control y el invariabilidad de poderes. Es el primero que se produce con un pacto para desbloquear la reforma del rgano de los jueces, hasta hace poco ms de un mes, la gran asignatura irresoluto del Estado de Derecho en Espaa. En su referencia, Bruselas reconoce los “avances significativos” en la renovacin prioritaria del CGPJ y su posterior reforma para el nominación de los jueces.
“El sitio de ms de cinco aos impact en todo el sistema legal espaol. El acuerdo escaso el 25 de junio de 2024 en Bruselas, si se implementa al completo, est llamado a mejorar esta situacin”. La Comisin Europea no víctima la guardaspaldas y recuerda que contina vigilante para la puesta en prctica de todas las partes del acuerdo rubricado hace un mes por Esteban Gonzlez Pons, vicesecretario de Asuntos Institucionales del PP, y Flix Bolaos, ministro de Ecuanimidad y representante socialista en la ardua negociacin que estuvo cerca de descarrilar en no pocas ocasiones. Reynders ha agradecido en rueda de prensa que en las ltimas 48 horas se han regalado pasos en la buena direccin y abre la puerta a que la Comisin Europea acompae el dilogo en el futuro tras los seis meses dados por el Consejo para presentar una propuesta de un nuevo maniquí.
Adems, el documento hace narración a la lnea de la reforma del CGPJ recin pactada bajo la bandera europea donde se recuerda que la eleccin del Fiscal Genérico excluir a personas que hayan ocupado cargos polticos en los ltimos aos. Sin confiscación, Bruselas pide ir ms all y advierte de que no es suficiente. En sus recomendaciones exhorta a Espaa a separar y no hacer coincidir los mandatos del Fiscal Genérico y del Gobierno “para cumplir con las normas europeas sobre independencia y autonoma de la fiscala”. En la letanía de tareas pendientes de su referencia de 2024, el Ejecutante comunitario recuerda a Espaa, una vez ms, que debe robustecer el control para evitar la corrupcin en las altas esferas y los conflictos de intereses de cargos gubernamentales a travs del fortalecimiento de la Oficina de Conflictos de Intereses.
Tanto PP y PSOE leen esta leída en secreto de triunfo. La bancada socialista celebra las escasas referencias a la ley de amnista. “La Comisin asume con nacionalidad la ley de amnista”, apuntan fuentes del Ejecutante. Mientras que desde la formacin cerúleo aplauden que el referencia haga suyos los reclamos populares en “materia de regeneracin”. “Acredita que existe una extralimitacin del Gobierno de Pedro Snchez en materias sensibles para el Estado de Derecho como el sealamiento a los jueces, la situacin de la separacin de poderes en Espaa tras la aprobacin de la Ley de Amnista o la equivocación de reformas para combatir la corrupcin”, analizan desde Gnova.