El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que condena al Cabildo de Vilassar de Mar (Junts Estimem Vilassar) a avalar 3,3 millones de euros de indemnización y a devolver dos parcelas a los propietarios de una promoción urbanística que no se ejecutó desde el 2009. A esta cantidad se suma la devolución de la fianza de un millón de euros a la empresa promotora y al cuota de las costas judiciales del proceso, abogados y otros gastos. En total más de cinco millones de euros, sin favor construido una sola vivienda en la promoción urbanística de Can Vives.
La sentencia obliga a avalar una indemnización y a devolver dos de las cuatro fincas inscritas en la promoción. En su día el plan contemplaba la construcción de cuatro bloques de pisos en los terrenos ubicados entre el cementerio y la calle de la Cuadro. La tribu promotora los cedió al Cabildo con una permuta inmobiliaria a cambio de admitir 15 pisos y aparcamientos ayer de cinco primaveras. Al no construirse las viviendas, la tribu propietaria inició un querella para demandar la resolución del arreglo por incumplimiento del Cabildo.
La finca de Can Vives había acogido invernaderos .
En enero de 2009 se firma el convenio con Can Vives y en octubre del mismo año se modifica el plan normal reconvirtiendo los usos agrícolas a urbanizables y estableciendo un sistema de explicación en modo cooperación. De las distintas parcelas surgían 89 pisos de los que el 73,5% eran de Protección Pública y un regional comercial de 550 m2. El 20,3% eran de traspaso huido y el 6,2% para usos comerciales. La propiedad, a cambio de permutar los terrenos percibía 15 viviendas con aparcamiento. El 2016 la propiedad presentaba demanda contra el Cabildo y el 2020 surgía la primera sentencia condenatoria de Primera Instancia de Mataró. Los siguientes capital del Cabildo han sido desestimados y han concluido con la intrepidez vinculante del Tribunal Supremo.
La auditoria de la sociedad municipal, en su día ya detectó graves irregularidades en la subasta del plan como que la proposición presentada por la empresa promotora Star Lawe, diene una vencimiento mencionado al cierra de la subasta, que se declaró desierta. Asimismo se detecta irregularidad manifiesta en dejar desierto el primer concurso y otras como no valorar la solvencia económica y técnica de la empresa. Más irregularidades se detectaron en la descuido de publicidad y concurrencia de tres empresas. La investigación todavía establece que las prórrogas concedidas a Star Law todavía fue contraria derecho. Todo ello se puso en conocimiento de la Oficina Antfrau, que siquiera ha donado respuesta al caso.
El colección municipal del Psc ha denunciado la mandato, tanto de CiU hace siete primaveras a través de la Sociedad Mnicipal que “según queda explicitado en una auditoría externa y que aún no hay juicio de la Oficina Antifrau”, como del mencionado gobierno de Erc, surgido de las elecciones del 2015 “al ser incapaz de encontrar una decisión negociada con la tribu propietaria de los terrenos de Can Vives” entrando, aseguran “de forma valeverguista en demandas judiciales, todas ellas perdidas”. Encima, los socialistas aportan un párrafo de la sentencia que resume los hechos: “el comportamiento de la corporación en los primaveras que siguieron a la perfección del arreglo no se ajusta a los estándares mínimos de diligencia y buena fe exigibles en el situación de toda la relación contractual”. El flagrante gobierno, liderado por la alcaldesa Laura Martínez Portell, ha sido requerido por la examen socialista a dar explicaciones públicas
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