Abre procedimientos no penales para reclamar “responsabilidad ambiental” a empresas públicas y privadas que han extraído más agua de la autorizada
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para investigar posibles responsabilidades medioambientales en la situación del Parque Nacional de Doana. No se trata de una investigación penal, sino administrativa, que busca “garantizar la adopción de las medidas necesarias” para dar cumplimiento a la sentencia que el Tribunal de la UE dictó en 2021 referente al espacio protegido.
Esa sentencia señalaba que una de las “causas importantes del deterioro ambiental” en Doaña era la “extracción abusiva e ilegal de aguas subterráneas”. Estas extracciones entraron de lleno en el debate político cuando el Gobierno andaluz de la popular Juanma Moreno propuso una nueva ley que, según ambientalistas y la oposición, cubría estas extracciones.
El decreto del fiscal jefe del Tribunal, Jesús Alonso, menciona expresamente el asunto. Cita una carta de la Comisión Europea al Parlamento de la UE “sobre el riesgo de regularización de 750 hectáreas de regadío ilegal”, que “podría infringir la legislación de la UE”.
Según la Fiscalía, las diligencias abiertas este jueves “tienen como objetivo poder exigir responsabilidad ambiental a las empresas y profesionales, públicos o privados, que proceden a la captación de aguas subterráneas que afectan al espacio protegido de Doana, sin concesión administrativa o a flujos más altos.” a los permitidos”.
Por el momento, y en conjunto con la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente, el Ministerio Público ha solicitado peritajes al Seprona y distintos organismos. El fiscal del caso, Manuel Campoy Miarrosolicita información “sobre los importantes efectos adversos que tales extracciones ilegales pueden tener en términos del estado ecológico, químico y cuantitativo de las masas de aguas superficiales o subterráneas de que se trate, así como sobre la posibilidad de alcanzar o mantener el estado favorable de conservación”. de los hábitats o especies silvestres de que se trate”.
La decisión llega la misma semana en que, mediante proceso penal, un juzgado de Sevilla ha condenado a tres años y cinco meses de prisión a los propietarios de una finca cercana a Doana en la que se extrajo más agua de la permitida.