El Tribunal Supremo ha decidido que el ‘caso Koldo’ siga en manos del magistrado de la Audiencia Franquista Ismael Quemado y de Anticorrupcin. Resuelve as el conflicto de competencias que el magistrado roncha interpuesto despus de que la Fiscala Europea acordara responsabilizarse toda la investigacin del caso de corrupcin.
El Parada Tribunal considera que la actividad de la trama, incluida la traspaso de mascarillas durante la pandemia a las administraciones pblicas, no afecta a los intereses financieros de la Unin Europea.
El Parada Tribunal coincide con el criterio de Fiscala del Tribunal Supremo y de la Fiscala Anticorrupcin, adems del de la acusacin popular que ejerce la asociacin Liberum. Considera que en este momento no junto a concluir que se estn investigando “delitos intrnsecamente ligados al fraude de los intereses financieros de la Unin que, por su dimensin, pudiera demostrar la intervencin de un rgano supranacional como la Fiscala Europea. Siquiera que estos delitos puedan suponer una amenaza para aqullos o para las instituciones de la Unin”.
“Ms perfectamente, las actuaciones practicadas parecen estar dirigidas a investigar la posible existencia de una trama de corrupcin a nivel doméstico que afectara a diversas administraciones y organismos pblicos, tambin nacionales, que debe y puede ser investigada ms eficazmente por rganos de la misma naturaleza, dada su error de conexin material con cualquier inters supranacional que pudiera demostrar la intervencin de un rgano de esta naturaleza como lo es la Fiscala Europea”, indica la resolucin, de la que ha sido ponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena.
Como alegaba la Fiscala que dirige Alejandro Luzn, en la causa no se investiga el delitos de malversacin, puesto que la traspaso de mascarillas se cumpli en plazo y a buen precio. As pues, “no consta, al menos provisionalmente, […] la existencia de un posible perjuicio a los intereses financieros de la Unin”.
“Sin perjuicio de lo que finalmente pudiera resultar de la investigacin, las adjudicaciones presuntamente irregulares a Puertos del Estado -por 20 millones de euros– y a la Secretara de Estado de Seguridad -por 3.479.355 euros– pudieron ser financiadas ntegramente por fondos nacionales. Mientras que de los 12.500.000 de euros correspondientes a la adjudicacin de ADIF, 10.868.867,47 euros corresponderan a fondos nacionales y 1.631.132,53 euros a fondos de la Unin”.
Los magistrados afirman que solo se podra atribuir la competencia a la Fiscala Europea si los delitos investigados en la Audiencia Franquista estuvieran indisociablemente vinculados con el delito que es competencia en la Fiscala Europea, poco que, segn la Sala, no se produce en este caso.
Cualquier interpretacin que se realice del capacidad de la competencia material de la Fiscala Europea, sealan los magistrados, “debe partir de esta premisa: los delitos competencia de esta Fiscala, lo sern, si existe ese perjuicio a los intereses financieros de la Unin y si su mejor y ms eficaz persecucin exige que aquella asuma su investigacin y persecucin”. Y en estos momentos no se cumple “ninguna” de esas dos condiciones, dice el Supremo.
La Sala aade a todo ello que la investigacin que realiza el magistrado Quemado se encuentra en un estado reformista y dada su “evidente complejidad” el cambio de competencia podra “mermar su ritmo y capacidad”. Adems de conocer a fondo un caso que han llevado ellos. el magistrado y Anticorrupcin cuentan con mejores medios para rastrear las actividades de la trama.