Jacobo Barchín está más cerca de retornar a trabajar de Gendarme Civil. El agente destinado en la ciudad alicantina de El Campello, que sufrió un serio percance hace tres abriles y medio por el que le diagnosticaron una paraparesia y quedó en arnés de ruedas, comienza a ver la luz al final del túnel luego de que el instituto armado reconociera «posibles modificaciones» en su reglamento interno y que el Gobierno aprobara la exterminio del despido forzoso por incapacidad permanente.
«Estamos entusiasmados, esperanzados e ilusionados», reconoce su mujer Raquel a torrevieja news today, luego de conocer de que la Guardia Civil anunciara que estudia cambios para que los agentes con discapacidad sobrevenida puedan seguir en activo en puestos adaptados, como demanda para su marido. «Queremos que la inclusión sea auténtico y se aplique de una vez por todas y que por fin las personas con discapacidad puedan seguir ejerciendo su derecho al trabajo», celebra.
Tras la publicación de su denuncia en este revista, el Comité Gachupin de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) se puso en contacto con el director genérico de la Gendarme Civil, Leonardo Marcos, en una carta para preguntar sobre las medidas que estaba tomando el cuerpo para que los agentes con discapacidad pudieran seguir trabajando.
Según ha podido enterarse torrevieja news today, la Guardia Civil reconoce que están estudiando «el impulso de modificaciones legislativas y reglamentarias para la continuidad en el servicio de los guardias civiles que se vean afectados por cambios en sus condiciones psicofísicas».
Un avance positivo, según califica Raquel, que llega en paralelo a la aprobación de la reforma del artículo 49.1.e del Estatuto de los Trabajadores que permitirá eliminar como causa cibernética de cese de la relación gremial el gratitud de la Incapacidad Permanente de la persona trabajadora, fruto del acuerdo con el CERMI.
Así, las empresas ya no podrán arriesgarse unilateralmente la cese de una relación gremial en caso de incapacidad permanente de la persona trabajadora y deberán hacer los ajustes razonables o el cambio de puesto que permitan a las personas que acceden a la situación de incapacidad permanente luego de iniciar su relación de trabajo. Encima, el texto avanza en la sustitución de términos peyorativos como la realizada en la Constitución y la situación «de gran invalidez» pasará a denominarse «complemento de presencia de tercera persona».
Por consiguiente, será obligatorio que las empresas realicen los ajustes razonables que permitan a las personas con discapacidad ejerzan su derecho al trabajo, incluso si acceden a la situación de discapacidad con posterioridad al inicio de su actividad profesional. De esta forma, el anhelo de Raquel es que el Gobierno adapte esta modificación a los estatutos de los trabajadores públicos y que, por consiguiente, se aplique de igual forma en lo que respecta al empleo de los guardias civiles. «Esperemos que no caiga en saco roto y no se quede en papel mojado», confía la mujer de Jacobo.
Jacobo y su mujer Raquel el día de su boda
En la carta que envió el CERMI a la Gendarme Civil pedía una decisión para este agente nacido en San Clemente (Cuenca) y destinado en Alicante, para que pudiera seguir en el servicio de activo, según los términos establecidos en el artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que especifica el derecho al empleo y la ocupación de las personas con discapacidad sobrevenida, siendo obligación realizar los ajustes razonables precisos para llevarlo a lugar.
«Le dijeron que no volvería a caminar»
El 2 de diciembre de 2020, Jacobo sufrió un serio percance mientras rodaba con su bici contra una arca abierta sin señalizar que le provocó una perjuicio medular incompleta en la vértebra dorsal 12. «Le dijeron que era completa, que se había quedado parapléjico y que no podría retornar a caminar, pero a saco de rehabilitación ha conseguido obtener poco de fuerza y sensibilidad de cintura para debajo», cuenta su esposa.
«Quiere hacer suponer sus derechos, no quiere morar de ninguna pensión porque le costó mucho sacar la plaza y es poco vocacional para él», asevera su pareja. Durante los últimos abriles, se ha enfrentado a tres tribunales médicos, dos en Valencia y un postrer en el Hospital Gómez Ulla de Madrid y, en todos ellos, han propuesto la incapacidad permanente y el pase a retiro. Mientras tanto continúa realizando una rehabilitación diaria y pelea por seguir siendo centinela civil en un puesto adaptado, como sí ocurre en otras instituciones oficiales como el Ejército y la Policía Franquista.