Podra concluir el caso de los ERE en el Tribunal de Neutralidad de la Unin Europea? La respuesta est, en buena medida, en la Fiscala y las acusaciones populares personadas en la macro causa de corrupcin pero, sobre todo, en los magistrados de la Seccin Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que tiene que atreverse en las prximas semanas si internacionaliza los ERE andaluces planteando una cuestin prejudicial frente a el TJUE despus del varapalo del Tribunal Constitucional, que ha hecho una rectificación casi a la totalidad de las sentencias dictadas por la sala sevillana anulando, en todo o en gran parte, los delitos de prevaricacin y malversacin por los que fueron condenados los ex presidentes Manuel Chaves y Jos Antonio Grin en la citación cuchitril del procedimiento especfico, la principal de la macro causa cuya instruccin inici la magistrada Mercedes Alaya en 2011.
Sufrir el caso a Estrasburgo es lo que ha pedido el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusacin popular, en un escrito presentado la semana pasada frente a la Audiencia en el que sostiene que el TC que anul las condenas de los ex presidentes y la mayora de los ex altos cargos del PSOE “no es ni independiente ni imparcial” y que su interpretacin es “totalmente contraria” a la obligacin de proteccin de los intereses financieros de la Unin Europea en lo que respecta a la lucha contra la corrupcin. Defiende, adems, la organizacin que preside Miguel Bernad que se genera “un peligro de impunidad respecto a los afectados” y que ello deriva en una “imagen de marcha de persecucin de la corrupcin en Espaa y de proteccin asimtrica de los intereses financieros de la Unin entre los estados miembros”.
La Audiencia de Sevilla, mediante una diligencia de ordenacin notificada este lunes y fechada el 25 de julio, ha trasladado la peticin de Manos Limpias a las partes para que se pronuncien acerca de la idoneidad de proyectar una cuestin prejudicial interpretativa al TJUE, de acuerdo a los que se establece en el artculo 4 de la Ley Orgnica del Poder Jurídico (LPOPJ) y les da un plazo de diez das para que lo hagan.
Recuerda Manos Limpias en su escrito que el Tribunal Constitucional que anul las condenas por los ERE estaba nicamente integrado por merienda miembros (en circunscripción de los doce que debe tener) y que, de ellos, nueve “tenan una vinculacin con el Legislador o el Ejecutor espaol”. Adems, cinco de ellos (Conde-Pumpido, Inmaculada Montalbn, Juan Carlos Campo, Laura Daz y Mara Luisa Balaguer) “presentaban vnculos directos con el PSOE, al que pertenecan muchos de los condenados”. En consecuencia, insista, “no cumpla el TC con las garantas de independencia e imparcialidad” exigidas en el artculo 2 del Tratado de la Unin Europea.