El Gobierno de Castilla-La Mancha, bajo la dirección del presidente Emiliano García-Page, ha legado un paso central al interponer un petición de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, conocida como la ley de perdón. Esta fuero, impulsada para la normalización institucional, política y social en Cataluña, ha sido objeto de controversia desde su promulgación.
La valor del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, adoptada en su sesión de este martes, ha sido respaldada por un juicio del Consejo Consultivo de la región. Este juicio, solicitado por el presidente García-Page el 14 de junio, concluye de guisa elocuente que la Ley de Gracia es incompatible con la Constitución Española y que la Comunidad Autónoma está plenamente legitimada para presentar el petición frente a el Tribunal Constitucional.
El presidente Emiliano García-Page ha expresado su desacuerdo con la ley de perdón en múltiples ocasiones, calificándola de concesión excesiva al independentismo catalán.
Este miércoles, a las 10:30 horas, García-Page ofrecerá una comunicación institucional para encarar la presentación del petición y exponer las razones de esta medida. En declaraciones previas, el presidente manifestó su “perplejidad” por el “atronador silencio” frente al “agonizante atentado contra la igualdad” que, según él, representa la ley promovida por ERC.
El juicio del Consejo Consultivo, admitido el 23 de julio sin votos en contra, subraya que la ley de perdón no solo carece de encaje en el sillar constitucional, sino que todavía vulnera el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española. Por otra parte, el Consejo Consultivo señala que para la aprobación de una ley de estas características habría sido necesario sobrellevar a agarradera una reforma constitucional.
El documentación del Consejo Consultivo se apoya en diferentes pronunciamientos del Tribunal Constitucional, afirmando que las comunidades autónomas tienen la capacidad de presentar medios de inconstitucionalidad no solo en asuntos que afecten directamente a sus competencias, sino todavía en cualquier infracción constitucional que pueda derivarse de una norma.
La ley de perdón, que fue crucial para que Pedro Sánchez asegurara el apoyo de los independentistas catalanes y pudiera mantenerse en la presidencia del Gobierno, ha sido objeto de fuertes críticas por parte de varios sectores políticos y sociales. García-Page ha sido uno de los críticos más vocales, argumentando que la ley exime de responsabilidad penal a los líderes del proceso independentista catalán y a otros procesados por actividades relacionadas con el movimiento secesionista.
La valor del Ejecutor de Castilla-La Mancha de presentar este petición refleja la firme intención de la región de defender los principios constitucionales y certificar la igualdad frente a la ley para todos los ciudadanos españoles. El Gobierno regional ha subrayado que esta bono no solo protege los intereses de Castilla-La Mancha, sino todavía los del conjunto del estado autonómico castellano.
En este contexto, la interposición del petición frente a el Tribunal Constitucional se presenta como un acto de defensa del orden constitucional y del estado de derecho en España. La comunicación institucional de Emiliano García-Page este miércoles se dilación con gran interés, ya que podría arrojar más luz sobre los próximos pasos del Gobierno regional y su logística para desavenir esta controvertida ley.
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