El Ayuntamiento de Mogán, municipio al que llegan la mayoría de inmigrantes a Gran Canaria y que alberga el Muelle de Arguineguín, ha informado de que no será responsable de los gastos de las tumbas de los inmigrantes que llegan muertos en lanchas o cayucos. Aunque la ley establece que deben ser los ayuntamientos los que asuman la obligación de enterrar a todos los ciudadanos sin recursos que fallezcan en el municipio, la ley no plantea el nuevo fenómeno migratorio que están viviendo las islas.
Más que 14.500 inmigrantes que han llegado a las costas canarias en lo que va de año, y sin haber entrado en el periodo de calma y temporada alta de llegadas, hay cientos de migrantes enterrados en las islas. Sólo en el municipio de Mogán hay veinte, cifra que supera a municipios, por ejemplo, de El Hierro. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha declarado a Televisión Española que ofrecerá el espacio para los entierros pero no se hará cargo de los gastos, que ascienden a unos 800 euros por entierro.
«Ya no vamos a hacer más entierros por Mogán, porque El Gobierno de España debe pagarlo«, ha expresado el alcalde a la televisión pública. »Cedaremos nuestros nichos para que haya entierro, pero no los gastos que ello ocasiona, porque No estamos hablando de uno o dos.“Y esos” son gastos que se descuentan de los impuestos de mis vecinos. Además, subraya Bueno, “aquí ni siquiera el Gobierno de España, a través de la Delegación del Gobierno, está interesado en nada”.
En 2022, se estima que más de 1.780 personas murieron en Ruta Canaria, además de varios miles más que siguen desaparecidos.
La ley de inhumaciones dice que los municipios son responsables de las personas que no tienen recursos que mueren en su municipio, y por lo tanto son ellos quienes deben hacer frente a estos costos, pero ¿qué pasa con los que mueren en el mar? La norma apunta a las personas fallecidas dentro del término municipal, por lo que Mogán entiende que es el Estado el que tiene que recoger a los que pierden la vida en el mar y asumir el costo de enterrar a los que han muerto.
Según el derecho internacional, los Estados son responsables del derecho al entierro, así como de ciertos derechos como la custodia de muestras de ADN para proporcionar datos en el proceso de identificación de las víctimas.
Barcos hundidos, riesgo ecológico
Además, los pescadores también han advertido que hay varios barcos hundidos en el fondo del Muelle de Arguineguín, algo que supone un peligro ecológico por la acumulación de residuos en el fondo marino.
Los profesionales marítimos, usuarios tradicionales de este enclave, exigen a las administraciones públicas que hagan algo para solucionar este problema y retiren las embarcaciones de la zona.