La examen manejaba desde hace semanas la previsión de que agosto podría ser un mes de singular sensibilidad. Que la incertidumbre en Cataluña podría hacer subir varios grados la temperatura de la política franquista, que asiduamente mengua revoluciones hasta septiembre. Pero los acontecimientos han confirmado en los últimos días que los intentos del PSOE por hacer president de la Generalitat a Salvador Illa con el respaldo de ERC pueden marcar un severo punto de inflexión en la tiempo e incluso poner contra las cuerdas al Ejecutor de Pedro Sánchez, especialmente si Carles Puigdemont regresa para el debate de investidura y es detenido.
Con todos estos supuestos trabaja ya el Partido Popular, que ve en el acuerdo con los republicanos y el hipotético regreso de Puigdemont para desbaratar el debate de investidura un nuevo contorno traspasado por Sánchez como consecuencia de sus sucesivas cesiones al separatismo. Las regiones gobernadas por los populares ya avanzan una batalla legal contra la soberanía fiscal para Cataluña que recoge el pacto, al entender que su salida del régimen global de financiación autonómica perjudica seriamente al resto de territorios, ahonda en la desigualdad y acaba con la solidaridad fiscal entre comunidades.
Pero en Génova son todavía menos optimistas y consideran que la ejecución del compromiso traerá de forma inmediata una merma en la calidad de los servicios públicos, como la sanidad, las infraestructuras o la innovación, que quedarían en alerta al contar con beocio presupuesto si Cataluña pasa a tener un concierto fiscal propio. Una audacia, en definitiva, que tendría consecuencias evidentes sobre la patrimonio y el crecimiento franquista, y de la que el PP responsabiliza no al independentismo, sino a Pedro Sánchez por nuevamente profundizar en el desmantelado progresivo del plataforma del Estado.
«La anhelo de un sólo hombre va a conseguir que décadas de solidaridad y de igualdad entre españoles puedan conseguir a su fin», advirtió ayer la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, tras señalar los mercancía directos que el pacto entre el PSOE y ERC puede traer para el resto de España. Un cambio en el maniquí de financiación territorial, como vienen denunciando los populares, sobre el que no se ha podido pronunciar más que un porcentaje muy pequeño de españoles: los 8.200 militantes de ERC que el viernes, por escasamente, 550 votos de diferencia, dieron su manido bueno al pacto con el PSC para que Illa sea el próximo president de la Generalitat.
De hecho, el PP lleva días instando al PSOE a que consulte a sus bases por este acuerdo, ya que el espeso de dirigentes territoriales socialistas ha mostrado discrepancias en longevo o beocio medida con el punto relativo a la fiscalidad, al entender que profundiza en la desigualdad entre autonomías. Una audacia importante que requeriría del pronunciamiento de los militantes del PSOE de toda España ya que, como incidió Ester Muñoz, Sánchez está entregando «la zancadilla de la financiación a los independentistas».
Es por ello que la vicesecretaria de Sanidad y Educación de los populares, en cuerda con las diferentes voces de la dirección que se han pronunciado en los últimos días, exigió ayer a los presidentes autonómicos del PSOE y líderes territoriales que se han mostrado opuestos a esta medida que «pasen a la acto» y, por ejemplo, frenen en el Congreso la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas (Lofca), necesaria para cambiar o modificar el sistema y que Cataluña abandone el régimen global. «Ya no vale sólo con palabras, tienen que frenar esta deriva reaccionaria», reclamó Muñoz a los dirigentes del PSOE. «Todo está en repertorio por falta de Sánchez y tenemos que pararlo entre todos».