CSIF Andalucía ha apto de que la nueva reestructuración del Gobierno andaluz provocará un desembolso manifiesto «innecesario» y un «perjuicio», tanto a los empleados públicos de la Compañía Común de la Corporación de Andalucía (AGJA), como al servicio que éstos prestan a la ciudadanía.
El presidente del sector de la AGJA en CSIF-A, José Manuel Dorado, ha lamentado en un comunicado que «en sólo dos abriles hayamos asistido a dos remodelaciones del Ejecutante andaluz, lo que genera no sólo un importante desembolso de fondos públicos, sino una enorme incertidumbre entre los trabajadores de la Compañía autonómica y el manifiesto en genérico, que ve menoscabada la fianza de un servicio manifiesto de calidad, de comprensible paso y en una ubicación estable«.
Dorado ha reiterado la reto del sindicato por una estructura de sedes fija en la Corporación de Andalucía «que no dependa del Ejecutante de turno ni de los cambios en las distintas consejerías» con el objetivo de «evitar numerosos trámites y gastos innecesarios de fondos públicos». En este sentido, ha recordado que tras la remodelación de varias consejerías en 2022, desde CSIF-A ya se propuso a la Dirección Común de Patrimonio de la Consejería de Posesiones, Hacienda y Fondos Europeos, la elaboración de un Plan de Centros Laborales Fijos en la Compañía andaluza que permitiera suprimir inversiones procedentes de las arcas públicas y invertir ese montante financiero en fomentar medidas de conciliación profesional y natural.
Adicionalmente, este plan de sedes fijas que propone la central sindical «evitaría confusiones y que la ciudadanía sepa a dónde debe dirigirse, independientemente de las reestructuraciones que se hagan desde el Gobierno de turno, para la papeleo en su relación con la Compañía pública».
Para el presidente del sector de AGJA, la reestructuración de las consejerías que se produce cada vez que finaliza un proceso de elecciones, o proporcionadamente, tras la nuevo reforma del Ejecutante que preside Juanma Oscuro, genera «una enorme incertidumbre» entre los trabajadores de la Compañía autonómica por los cambios de ubicación de sus centros de trabajo.
Desde CSIF han apto que «un gran número de profesionales eligen destino profesional en los procesos de provisión de puestos de trabajo teniendo en cuenta la ubicación del mismo para proteger la conciliación profesional y natural, la reducción de desembolso y el tiempo por desplazamientos, aspectos que vuelven a ser vulnerados con estos cambios de sedes administrativas y alteran de nuevo su vida cotidiana y suponen un perjuicio en la conciliación profesional y natural«.
Con la reforma anunciada el pasado 29 de julio y que afecta ocho consejerías «se perjudicará a la ciudadanía y al personal que participó en el concurso del 2023 y que tomó posesión el pasado 1 de junio, sin olvidar», ha insistido Dorado, «las disputas que suelen producirse en presencia de divisiones de las consejerías en el reparto de personal, un problema que se agrava teniendo en cuenta la escasez de personal que padece actualmente la plantilla de la Compañía pública«.
«Demoras» en el servicio
Dorado ha añadido que la remodelación en las consejerías «provocará gastos innecesarios de mudanzas y demoras en el servicio a la ciudadanía» lo que, inevitablemente, «generará retrasos en las tramitaciones administrativas, así como un menoscabo del servicio manifiesto por la migración de los datos y aplicaciones de los servidores informáticos y la reorganización informática, administrativa y física de los registros de presentación de documentos».
A todo ello, ha resaltado la central sindical, «se suma la tiraje de nuevos fundamentos de papelería, direcciones de correo electrónico que han de sustituir a las empleadas hasta ahora; modificaciones normativas para cambiar los formularios y adaptarlos a las nuevas direcciones y consejerías y a nuevos procedimientos e instrucciones de tramitación reglamento de la nueva consejería y para la contratación administrativa; cambios en los criterios de fiscalización por parte de la Intervención delegada, así como traslados de material y documentación con los riesgos de pérdida de la misma y de tiempo de trabajo».
A prudencia de Dorado, lamentablemente, todas estas modificaciones «no evitarán dar una imagen institucional carente de estabilidad y provocar un impacto pesimista tanto en la plantilla de empleados públicos como en la ciudadanía».