A prisión por engañar a una empresa con la compra de 10.000 mascarillas en pandemia


La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a dos personas por engañar a una empresa con la negocio de mascarillas durante la pandemia. Se les considera autores de un delito de estafa por quedarse con más de 22.000 euros de 10.000 cubrebocas que nunca entregaron.

En concreto, condena a un hombre a una pena de dos primaveras de prisión por un delito de estafa agravada con la atenuante de reparación del daño y a una mujer a seis meses de prisión por un delito de estafa para el que aprecia la misma atenuante como autores de un patraña durante una operación de liquidación de 10.000 mascarillas sanitarias entre los meses de abril y junio de 2020.

Los penados deberán hacer frente de forma conjunta a una indemnización de 22.233 euros que abonarán a la empresa víctima del patraña, detalla el Tribunal Superior de Honradez de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El laudo le impone al hombre condenado por otra parte una multa de seis meses con una cuota diaria de cinco euros. La sentencia se dictó a posteriori de que la Fiscalía, la imputación particular y las defensas alcanzaran un acuerdo de conformidad sobre los hechos, su calificación jurídica y las penas a imponer, precisa el Parada Tribunal valenciano.

Los hechos comenzaron en verano de 2019 cuando el ahora condenado entabló una relación de negocios con un hombre que era intermediario de productos sanitarios como mascarillas. Según expone la sentencia, en abril de 2020, con la «intención de enriquecerse y simulando dedicarse a negocios relativos a la vitalidad», le ofreció la negocio de mascarillas de protección frente al Covid 19.

El comercial le propuso el negocio a uno de los empresarios con los que trabajaba, esto es, la adquisición de un juego de 10.000 mascarillas a un precio a 14.641 euros. El 21 de abril de 2020 cerraron el trato y el perjudicado realizó una transferencia con el coste requerido que llegó, a través del intermediario, a la cuenta de una empresa cuya administradora única era la mujer.

El tribunal mantiene que ésta actuó según previo acuerdo con el condenado para «quedarse uno y otro con todo el cuartos ingresado gracias a la credibilidad que habían generado en las víctimas».

«Problemas de aranceles»

Meses a posteriori, el mercader les dijo a las víctimas que las mascarillas habían llegado pero por problemas de aranceles necesitaban otro ingreso en efectivo para disponer del material. Así, consiguió que el 29 de junio de 2020 le transfirieran otros 7.592 euros por un giro que los compradores nunca llegaron a aceptar.

Con prioridad a la celebración del querella, uno y otro acusados consignaron en la cuenta del tribunal el cuartos necesario para completar la suma de lo que les habían transferido, a posteriori de descontar el cuartos que ya les había sido intervenido o bloqueado en sus cuentas durante la investigación del procedimiento.

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