Agentes de la Policía Doméstico y la Vigilancia Civil, adyacente con la colaboración de la Policía Particular de Cuenca, han detenido a dos varones y una mujer, de 27, 20 y 26 primaveras de época respectivamente, como presuntos autores de varios delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores, usurpación de estado civil y contra la seguridad viario.
Según informa la Policía, el inicio de la investigación se remonta al pasado mes de enero, cuando los investigadores detectaron a un ciudadano extranjero que carecía de permiso de trabajo y residencia en España, pero conducía de forma habitual una furgoneta de una empresa de construcción.
Adicionalmente, los agentes comprobaron que era uno de los responsables de la empresa, repartía las tareas a los trabajadores y se encargaba de su traslado a los diferentes centros de trabajo, a pesar de que carecía de permiso de conducir.
La actividad de esta empresa se extendía tanto a la haber conquense como a varios municipios de la provincia, motivo por el que se coordinó una investigación entre la Policía Doméstico y la Vigilancia Civil. Uno y otro cuerpos estaban sobre la pista de este hombre, iniciándose una investigación conjunta que en algunos momentos puntuales todavía contó con la colaboración de la Policía Particular de Cuenca.
Fruto de la energía investigadora se pudo determinar que la pareja del principal sospechoso era la responsable lícito de esta empresa de construcción, que por otra parte llevaba a parte una importante actividad en el sector.
Por este motivo, se hicieron varias inspecciones conjuntas entre agentes de la Policía Doméstico y de la Vigilancia Civil, comprobando que la empresa investigada llevaba a parte su actividad gremial utilizando a cuatro trabajadores extranjeros en situación irregular, sin permiso de trabajo ni residencia en España, a los que privaban de los derechos reconocidos por la carta gremial.
A su vez, todavía se identificó a un trabajador que carecía de permiso de residencia y trabajo, pero que utilizaba la documentación de un ciudadano castellano para trabajar y así eludir las posibles actuaciones inspectoras de la autoridad gremial.
Tras obtener los indicios necesarios, se procedió a la detención de las personas investigadas, remitiéndolas actuaciones a la autoridad legislativo competente.