El Tribunal Superior de Probidad de Galicia ha ratificado la sentencia de un Auditoría de Pontevedra en la que se considera improcedente el despido de un trabajador del Casino de La Toja, igualmente concejal, al que la empresa puso un detective para tratar de demostrar que una devaluación era fraudulenta.
En concreto, la sentencia afirma que no existe ni siquiera un atisbo de sospecha de que esta devaluación fuese falsa, al tiempo que apunta que solo ha quedado acreditado que durante el periodo de devaluación el hombre participó en un pleno municipal, repartió propaganda un día y jugó a la petanca con unos vecinos, pero sin tomar parte en la campaña electoral que se estaba desarrollando.
Los hechos se remontan al año 2023, cuando el hombre recibió una carta de despido del Casino de La Toja, donde trabajaba como croupier. En la misma, la empresa alegaba que se había despejado un expediente disciplinario a raíz de las indagaciones de un detective que habían contratado para seguir al trabajador en el periodo de devaluación.
Según consta en el escrito, el hombre había solicitado a la empresa un permiso para no asistir al trabajo durante la campaña electoral de las últimas municipales, en las que concurría, poco que le fue denegado. Con posterioridad, entregó una devaluación profesional que lo mantuvo en esta situación hasta el mes de julio.
La empresa, consta en la carta de despido, consideró que «dicha forma de efectuar, es asegurar, una devaluación profesional inmediata a la negativa al permiso solicitado» causó sospechas en la empresa, por lo que «se decidió proceder a una investigación al objeto de determinar y comprobar las actividades que ha venido realizando».
En el texto describen, con días y horas, supuestas participaciones del hombre en mítines y actos electorales, momentos con vecinos, reparto de camisetas, billete en cenas y una intervención en el pleno municipal, lo que consideran que indica que la devaluación era fraudulenta.
La resolución de los tribunales gallegos
En la resolución del caso, el Tribunal Gallego ha reafirmado la sentencia del Auditoría de lo Social y rechaza esta argumentación y apunta que no existe una colchoneta sólida para considerar que la devaluación era fraudulenta.
Encima, considera el tribunal que no está probado que el hombre participase en la campaña electoral, si no que la recurrente «solo ha demostrado» una votación en un pleno municipal en la que, por otra parte, el hombre informó previamente «de que estaba de devaluación». El solaz a la petanca con vecinos y la billete en un reparto de propaganda en un mercadillo, señala, «no configura un fraude» y «ni tan siquiera crea un atisbo de sospecha».