Tras varios das de silencio por lo sucedido en Ateca, la consejera de Bienestar y Tribu del Gobierno de Aragn, Carmen Susn, ha decidido cascar un expediente disciplinario a la funcionaria responsable del servicio provincial de tutelas y proteccin a la infancia, as como rescindir el arreglo que el Ejecutante autonmico tena con la UTE formada por la Fundacin Vigor y Comunidad y el Conjunto Lagunduz, responsable de la gestin de las instalaciones.
Adems, Susn ha obligado “deficiencias” en el proceso de comunicacin con los responsables del centro, ya que, segn ha indicado, “exista la orden de que cualquier incidencia deba ser comunicada y no ha sido as”. Adems, ha destapado una investigacin interna para aclarar lo sucedido en relacin a las denuncias por maltratos y abusos interpuestas por las madres de varios de los menores y que, por el momento, se han saldado con la detencin de cinco trabajadores, entre los que se encuentra el director de la instalacin.
En ese sentido, ha aclarado que los resultados extrados de las pesquisas “sern puestos a disposicin de la jueza la enjuiciador instructora cuando lo requiera y servirn para depurar responsabilidades internas en caso de las hubiera”. De averiguarse ese hecho, Susn ha determinado que “se iniciarn las acciones judiciales pertinentes para llevarlas hasta sus ltimas consecuencias”.
Con dicha investigacin, la consejera ha explicado que “se pretende conocer en profundidad por qu se ha llegado a esta situacin, si grano denuncias previas, de qu tipo y en qu momento se produjeron; si se inform a algn funcionario, si algún mir para otro banda, si hubo algn tipo de negligencia, desidia de diligencia en el traslado de la informacin o cualquier otro tipo de hecho que pudiera llevar una responsabilidad”.
As, ha remarcado que se tomarn medidas no slo respecto a los hechos que se estn investigando en Ateca, sino tambin en cualquier otro caso en el que se detecte una negligencia en el prueba profesional en el mbito de la atencin a los menores, todo ello sin perjuicio del resultado de la investigacin en curso, para que el Gobierno pueda hacer de inmediato y valorar las medidas que resulten convenientes en la esclavitud de responsabilidad. “Con esto pretendemos conocer si puede sobrevenir riesgos, si estos contratos cumplen con lo que legalmente est establecido, si ha habido ms casos similares y de qu tipo, as como profundizar y diseccionar el funcionamiento de este tipo de centros para afrontar mejoras”.
El Gobierno de Aragn ha iniciado una reclamacin administrativa por daos y perjuicios por el incumplimiento del arreglo, segn lo establecido en el de la Ley de Contratos Pblicos, contra la entidad gestora del centro de menores de Ateca. “Este es un problema que vamos a resolver, y hasta que no est solucionado y puestas en marcha las medidas para tratar de evitar casos similares, no vamos a descansar. Nosotros somos los primeros interesados en que todo se aclare y que, en caso de que se demuestre cualquier delito, los culpables paguen por ello”.