Carles Puigdemont y su entorno de colaboradores llevan semanas repitiendo las mismas críticas delante su detención al pisar España: la califican de «ilegal» y «arbitraria», su argumentario para abonar el dominio de un posible habeas corpus, una última carta para tratar de esquivar el ingreso en prisión provisional a la calma de inteligencia por el 1-O y el procés.
El habeas corpus es un derecho previsto para aquellos casos en los que los detenidos consideren que no hay motivos para estar retenido. Esto obligaría al Auditoría correspondiente -el de urbano que toque- resolver de forma inmediata sobre la atrevimiento de Puigdemont si se aprecia que la detención no tiene el sustento necesario.
«En condiciones de normalidad democrática, que un diputado como yo anuncie su intención de asistir a la sesión sería innecesario, irrelevante, pero las nuestras no son condiciones de normalidad democrática», criticó ayer el ex presidente antaño de recapacitar que siquiera el ex conseller y diputado de Junts, Lluís Puig, puede asistir «independientemente» al pleno, ya que el Tribunal Supremo «se niega a obedecer la ley de condonación», pese a que está «en vigor y es de obligada aplicación». Argumentos que evidencian su desafío a la Equidad tras no encontrarse amparado por la ley del olvido penal del procés.
El instructor, el sentenciador Pablo Llarena, mantiene procesado al ex presidente de la Generalitat por malversación agravada y desobediencia tras la reforma del Código Penal pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Esquerra.
En este sentido, el mismo sentenciador Llarena declaró no amnistiable el mencionado delito de malversación de caudales públicos y mantuvo vigentes las órdenes de detención sobre Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig en departamento franquista.
Si el dirigente presenta el habeas corpus y el sentenciador aceptara sus alegaciones, sería puesto en atrevimiento. En caso contrario, podría presentar un solicitud de amparo y abriría la vía del Tribunal Constitucional. La defensa de Puigdemont no ha recurrido hasta el momento la negativa del sentenciador Llarena a aplicar la Ley de Perdón al delito de malversación, pero puede exponer el habeas corpus igualmente, entregado que aún está en plazo para presentar solicitud.
Si no lo plantea, será el sentenciador Llarena el que decidirá si ordena o no el ingreso en prisión de Puigdemont una vez le tome testimonio. Desde el entorno de Puigdemont no dudan en que será trasladado a Madrid de inmediato y no declarará desde Barcelona como ocurrió en el caso de Clara Ponsatí al retornar. Sin requisa, en esta ocasión Llarena acordó ponerla en atrevimiento y citarla casi un mes posteriormente en el Supremo. No obstante, en su caso estaba nada más investigada por un delito de desobediencia, que no implica penas de gayola.
En el caso de Carles Puigdemont, el magistrado deberá arriesgarse si le deja en atrevimiento o le envía a prisión preventiva a la calma de inteligencia, con el perjuicio de poseer estado siete primaveras huido de la Equidad. Y por una recriminación que implica penas superiores a los 12 primaveras por malversación de caudales públicos en el procés independentista de 2017. Por consiguiente, las opciones para esquivar la prisión son remotas.
Entonces, su defensa empezaría una cautiverio de posibles delante el Supremo para agotar esta vía antaño acudir al TC, con mayoría de miembros cercanos al PSOE.