Más de la fracción de las formaciones políticas fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas carecían a principios de 2021 de un sistema de prevención de riesgos penales, pese a que todos los partidos están obligados a contar con un software de medidas anticorrupción desde la reforma de la Ley de Partidos de 2015.
En concreto, según consta el postrer referencia de fiscalización de las cuentas anuales de los partidos políticos, 14 de las 25 formaciones analizadas no adoptaron en su norma interna un sistema de prevención de riesgos penales al no aprobar al candado del gimnasia 2020 ningún de sus nociones esenciales: entraña de vigilancia, plano de riesgos, canal ético, código de conducta y sistema disciplinario y revisión periódica.
Las formaciones políticas que estaban en esta situación a 1 de enero de 2021 eran Vox, Podemos, IU, Catalunya en Comú, Más Madrid, Verdes-Equo, Bildu, Soberanistes, la CUP, Coalición Canaria, Partido Regionalista de Cantabria, Teruel Existe, Foro y Nueva Canarias.
No obstante, entre la fiscalización y el periodo de alegaciones que abrió el Tribunal de Cuentas algunas de estas formaciones fueron dando pasos en el cumplimiento de algunos requisitos pero hubo siete partidos que siguieron sin hacer falta en esta materia: Bildu, Catalunya en Popular, Soberanistes, la CUP, Foro, Más Madrid y Nueva Canarias.
Coalición Canaria
Por contra, Coalición Canaria acabó aprobando todo lo requerido, a Vox sólo le quedó irresoluto la revisión del sistema de prevención, igual que al PRC, al que le seguía faltando un código de conducta. IU y Podemos sólo cumplieron dos requisitos: el entraña de vigilancia y el plano de riesgos. De su banda, Teruel Existe sólo aprobó el canal ético y Verdes Equo seguía sin el plano, el código de conducta y la revisión.
En cambio, a 31 de diciembre de 2020, el sistema de prevención estaba parcialmente aceptado y en etapa de expansión en las otras 11 formaciones fiscalizadas, aunque ninguna de ellas tenía todos los requisitos activos y había muchas diferencias entre unas y otras, pues si acertadamente algunas activaron los que les faltaban en el periodo de alegaciones otras no lo hicieron.
De las que estaban desarrollando el sistema de prevención, la peor situada era el PP pues, aunque contaba con el entraña de vigilancia a finales de 2020, seguía careciendo de plano de peligro, canal ético, código de conducta y sistema de revisión al final del periodo de alegaciones. Y asimismo le faltaban cuatro requisitos a Barcelona en Comú, que sólo contaba con el plano de riesgos.
De su banda, el BNG, Compromís y Unión del Pueblo Navarro tenían canal ético, pero incumplían otros tres requisitos cada una, mientras que al PNV y al PDeCAT les faltaban dos por cumplir finalizado el plazo de alegaciones. Los nacionalistas vascos seguían sin canal ético ni código de conducta y el PDeCAT no tenía sistema ni entraña de vigilancia ni de revisión.
Los partidos mejor situados en esta materia eran Ciudadanos, el PSC y ERC -con cinco requisitos cumplidos- y el PSOE, que tenía cuatro completos y aprovechó el periodo de alegaciones para aprobar su código de conducta y completar los cinco.
Sin confidencialidad
No obstante, el tribunal señala en su referencia, que aún cuando el 64% de los partidos políticos previenen la vigilancia, sólo un 52% la asignaron a un entraña del partido con garantías de independencia delante posibles conflictos de intereses y un 44% regularon su funcionamiento, una situación que el fiscalizador recomienda corregir.
Por otra parte, hay un 56% de los partidos que concretó la forma de trasladar las denuncias a través del canal ético, si acertadamente un 40% de ellos no prevé garantías de confidencialidad y el 80% no contempla un plazo para la resolución de las denuncias. En relación con los códigos de conducta, un 64% de los partidos los orientó a los empleados y a los directivos, mientras que el resto se enfoca en afiliados o directamente no adoptó ningún código.