La presencia de dos magistrados en el plató de Espejo Divulgado ha ayudado a esclarecer ciertos aspectos de la situación histórica vivida en el día de ayer en Cataluña. Se proxenetismo de Ignacio González Vega, mediador en “Jueces Por la Democracia” y Manuel Ruiz De Lara, mediador de la Plataforma Cívica por la Independencia Jurídico.
En la mañana de hoy, el mediador Llarena ha solicitado a los Mossos y a la Policía un mensaje sobre el dispositivo que no pudo detener al presidente Puigdemont. Ahora se encuentra de revés en Waterloo tras ocurrir estafado todo tipo de seguridad. ¿Qué opinan los magistrados?
“La finalidad del desplazamiento de Puigdemont era acelerar su penal”
Ignacio González admite estar desconcertado, pues él nunca ha dudado de que la finalidad del desplazamiento de Puigdemont al país no era otra que acelerar su procedimiento penal irresoluto. El magistrado explica que cuando una persona se halla presa por un procedimiento sumarial, la tramitación de dicho procedimiento debería acelerarse. Incluso teniendo en cuenta que nos encontramos en el mes de agosto. En este mes, “sería inhábil para las actuaciones judiciales, pero no para los capital contra situaciones de prisión provisional”. Esto hubiera provocado que hubiese llegado a final de mes y estaría el procedimiento de amparo para el Tribunal Constitucional para, de esta guisa, resolver sobre la remisión.
Encima, Ignacio está seguro de que su aparición precisamente en el día de la investidura de dos de sus rivales políticos no es casualidad. No ha sido más que un espectáculo mediático que ha tenido un impacto a nivel mundial, pues ha ocupado portadas en la prensa europea, pero todavía chaqueta, asiática y de Oceanía. Una encuentro fugaz, así lo describe el mediador, un “gastado y no gastado”. Una pequeña aparición que ha terminado por carecer de trascendencia alguna.
“Habría una serie de instrucciones establecidas para que se llevase a extremidad la detención del susodicho”
El magistrado González recalca que se ha estafado una orden sumarial. Ignacio admite que no es avezado en temas policiales, pero que sí es conocedor de la existencia de ciertos protocolos que se llevan a extremidad en estos casos. Puede imaginarse que habría una serie de instrucciones establecidas para que se llevase a extremidad la detención del susodicho y cumplir con la orden del mediador Llarena. Instrucciones que probablemente tratasen de realizar una detención de guisa proporcional, “sin causar daños a otros intereses jurídicos o alterar el orden divulgado” especifica.
Sin secuestro, el mediador recuerda que no es la primera vez que se da un caso parecido, o incluso más improbable, en 2017, cuando se instalaron unas urnas que aparecieron sin previo aviso ni el conocimiento o autorización de nadie. “En este caso fue un dictamen del servicio de inteligencia franquista”, pero, en este caso, González no tiene claro cuál ha sido el error. Lo que sí puede deducir es que “cualquiera que vea esas imágenes dirá que debe ocurrir una colaboración”, de hecho, a día de hoy hay dos mossos imputados. Aunque el único delito posible para acusarles sería el de encubrimiento, explica. Este delito, explica el magistrado, solamente afectaría a funcionarios públicos, nunca se refiere a particulares. Turull, de hecho, no se vería afectado. En cuanto a los supuestos escoltas que vestían cachucha cerúleo, “habría que preguntarse si son mossos y actúan en prueba de sus funciones o como particulares”.
“Este es un caso de una solemnidad extraordinaria”
Por su parte, el magistrado Manuel Ruiz De Lara tiene una posición firme con respecto a lo acontecido en la caminata de ayer: es un caso de una “solemnidad extraordinaria.” El segundo magistrado apunta que se proxenetismo de la primera vez en la historia que un fugado de la honestidad, destacamos públicamente conocido, anuncia exactamente el punto, época y hora de su posición, e incluso se le permite platicar en un mitin y no se procede a la detención. Según Manuel Ruiz, “había muchos momentos. Puigdemont no cae del bóveda celeste sobre el círculo”. El presidente tuvo que conservarse a la hacienda catalana, tener lugar la tenebrosidad por la zona, etc.
Para Ruiz De Lara, el momento de finalización del mitin era el momento consumado para proceder a su detención. Recalca que lo sucedido supone un incumplimiento de una resolución sumarial, de una orden de detención en vigor. Aun así, o más serio para el mediador, no sería la no detención, si no la posibilidad de que ésta se debiese a una instrucción de carácter o interés político. En caso de que esto fuese así, Manuel lo calificaría como “un escándalo.”
¿Afecta a Puigdemont su nueva huida?
Según el mediador Ignacio González, la respuesta a esta pregunta sería negativa. La fresco huida del país no agravaría la situación del presidente más de lo que ya está. En estos momentos, se encuentra válido una orden franquista de detención, pero la requisitoria es indagación, captura e ingreso en prisión. El hecho de que entrase al país de guisa puntual y volviese a salir no supone ningún tipo de agravio.
¿Qué ocurrió efectivamente?
Para Manuel Ruiz, hay un número de personas que han incurrido en una negligencia o colaborado con el presidente prevaliéndose de un cargo divulgado. Esto incurre en una responsabilidad penal. Una responsabilidad que debería caer en todos los ámbitos, incluyendo el político. “Se proxenetismo de una rotura del Estado de Derecho” en caso de que una resolución sumarial no se haya cumplido correcto a un interés político que desconocemos, según el mediador.
“Habrá que ver que ha pasado” dice el magistrado, aunque no deja de banda su desconfianza, pues se proxenetismo de un mitin de seis minutos en el que, a su parecer, había tiempo suficiente para que “hubiese cierto detrás del círculo”. Por lo tanto, su opinión es que “poco ha pasado”, pues no recuerda en la historia un caso parecido. Relata que no se sabe siquiera cómo llegó hasta el Portería del Triunfo o dónde pasó la tenebrosidad. Según el magistrado, se le podría ocurrir detenido sin producir ningún tipo de miedo social fuera del dominio de Portería del Triunfo. Pero no fue el caso, por el contrario, se le permitió dar un mitin. “Le faltó desayunar en una terraza y no hubiera sido detenido” dice irónico.
Sin secuestro, Ignacio González reconoce que “no es lo mismo detener a una persona por la calle que detenerla delante de todo el mundo o en la sede parlamentaria”. El mediador considera que esperaban al menso a que se terminase la investidura para no alterara el orden de la Cámara. Incluso al final del día hubiese sido más sencillo para escapar de la multitud.
La información que exige Llarena a los Mossos D’Esquadra
Para el magistrado González, la información solicitada es una exigencia todavía de la ciudadanía. Incluso considera que lo más doloroso para un cuerpo policial, en este caso, es el descrédito que puede producir esto. “Les pone en evidencia” aunque el mediador se niega a pensar que ha habido algún tipo de intención, el hecho de ocurrir fallado en la detención puede delatar su incompetencia.
¿Somos iguales frente a la ley?
El magistrado Manuel Ruiz comienza diciendo que, teniendo en cuenta, no solamente lo acontecido ayer, sino los indultos y la remisión, “si un responsable político comete un ilícito penal parece que tienen un trato diverso a cualquier otro ciudadano“. Parece pues que sus decisiones condicionan los intereses políticos del Gobierno. Ruiz De Lara opina que no hubiese pasado lo mismo si de otra persona se tratase. Encima, añade que existe un perjuicio: “Puigdemont es públicamente conocido y no pudo caer del bóveda celeste” insiste.
Sin secuestro, para Ignacio González, en caudillo, somos iguales frente a la ley. Se suma a explicar que Puigdemont, en este caso, ha emprendido la huida a Europa con una orden europea de detención por delito de levantamiento, un delito que afecta a la forma de estructura política de los Estados, ” y eso que los Estados son muy celosos con su soberanía, incluso en la UE”. Recuerda que cuando se desplazó de Waterloo a Alemania hace cinco abriles, las autoridades judiciales alemanas ofrecieron a España entregar a Puigdemont por delito de malversación de caudales públicos. El mismo delito por el que hoy está válido la orden franquista de detención, pero en ese momento se rechazó esa entrega. “Si una persona rumana en España comete un delito de ataque sexual u homicidio y se desplaza a Bélgica, las órdenes europeas de detención funcionarán con toda normalidad y se le entregaría a España en cuestión de una semana”, desde luego, para Ignacio, este caso “tiene peculiaridades”.
Un caso todavía por resolver, pero que, como dice Manuel Ruiz De Lara, los únicos que podrán esclarecer nuestras serán los responsables del operante. En cualquier caso, el magistrado tiene claro que ha sido todo un “escándalo”.
