Las acusaciones particulares en el caso del hermano de Pedro Snchez y su relacin sindical en la Diputacin de Badajoz no deja de crecer. La ltima admitida a trmite en su representacin procesal por parte de la jueza de instruccin del caso, Beatriz Biedma, -en un automóvil firmado el 8 de octubre-, es la de la asociacin Liberium, que como el resto ha tenido que depositar una fianza de 10.000 euros. Dicho colectivo est personado tambin en el ‘caso Koldo’, donde ha presentado un procedimiento en presencia de la Sala Penal para que testifique la mujer del presidente del Gobierno, Begoa Gmez.
Aunque la denuncia -y posterior querella- con respeto a David Snchez Prez-Castejn la interpuso ‘Manos Limpias’, lo que origino la transigencia de las investigaciones por los presupuestos delitos contra la Hacienda pblica, trfico de influencias, prevaricacin y malversacin -y que tambin afecta al presidente de la Diputacin de Badajoz, Miguel ngel Gallardo y Alejandro Cardenal (cabecilla de Capital Humanos)-, seguidamente se han unido a la causa el partido poltico Vox, la Fundacin Abogados Cristianos, ‘Naturaleza Mananger’, ‘Iustitia Europa’ y esta misma semana la Asociacin Liberium. La defensa de David Snchez Prez-Castejn, ejercida por el abogado Emilio Corts, roncha presentado un procedimiento de reforma y subsidiario de apelacin, en contra de la personacin de la Fundacin de Abogados Cristianos, aunque la enjuiciador desestim dicho procedimiento.
Con respeto a la ltima personacin de la Asociacin Liberium, la jueza razona que, en normal, “el congresista al tratarse de un delito pblico no ha menguado la accin popular al derecho de pedir la incoacin del proceso penal mediante querella, sino que ha permitido ejercitarla en las causas ya iniciadas”, aunque subraya que la justicia s aboga por la privación de prestacin de una fianza para ello. Adems, destaca, como en el resto de casos, que no se aprecia un conflicto de intereses entre sus objetivos y su actuacin como acusacin popular en la causa.
En cualquier caso, s deja claro que todas las acusaciones particulares personadas en el procedimiento tendrn “la misma direccin tcnica y representacin procesal, la del sindicato de funcionarios pblico Manos Limpias”. Precisamente, Vox roncha presentado alegaciones al no estar de acuerdo en la unificacin de las acusaciones particulares bajo la representacin de Manos Limpias al considerar que no existen motivos sobre dicha unificacin. Considera este partido que no ha habido “demoras ni siquiera reiteracin alguna de diligencias que pudiera considerarse provocadora de ninguna dilacin” en la causa. Adems, Vox considera que no comparte con las dems acusaciones la misma organización procesal, “pero la diferente perspectiva desde la diversificación de cada una de las asociaciones aconseja que cada una pueda dirigir su actuacin procesal sin que sea la de Manos Limpias la que de forma conjunta la ejerza”.
SEGUNDO RECURSO DE LOS EMAILS
De otro flanco, la magistrada ha vuelto a desestimar, por segunda vez consecutiva, un nuevo procedimiento presentado por la defensa del hermano del presidente del Gobierno que peda la anulacin de la investigacin de los correos electrnicos incautados por la Mecanismo Central Operativa (UCO) de la Vigilancia Civil por segunda vez en la Diputacin de Badajoz. En este caso, haca narración a la segunda vez que los agentes se personaron en las dependencias de la Diputacin con el fin de recuperar parte de la informacin, que por problemas informticos haban desaparecido como consecuencia de un equivocación que se produjo al descargarse parte de la informacin recogida en dos discos duros durante el primer registro.
Adems de considerar que el procedimiento est presentado tres das fuera de plazo, vuelve a insistir en la validad de la prueba como argument en el primer automóvil se remita a que los emails incautados de ocho altos cargos de la institucin, ms el propio David Snchez, nicamente afectaban “a las comunicaciones realizadas como consecuencia del desempeo de su funcin sindical y con respecto a un procedimiento concreto”, por lo que no invadan, luego, ni la intromisin a la intimidad ni al derecho a la legtima defensa que argumentaban las defensas de los investigados.