El mediador de la Audiencia Doméstico (AN) Manuel García Castellón ha procesado a los exjefes de la facción terrorista ETA Mikel Albisu, “Mikel Antza”, y Ramón Sagarzazu, “Ramontxo”, por el atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola (Alicante) en 2002.
En un coche de este mismo viernes el titular del Supremo Central de Instrucción Número 6 les imputa los delitos de homicidio terrorista y acuerda tomarles información indagatoria, el trámite por el que les comunicará su procesamiento de forma formal.
Junto a rememorar que fue este mismo jueves cuando el magistrado instó a Francia a “facilitar” la entrega de cuatro exjefes de la facción terrorista ETA que se encuentran investigados por estos mismos hechos. Fuentes jurídicas apuntan a que el mediador procesará a los mismos una vez se materialice dicha entrega.
García Castellón apunta a otros cuatro dirigentes de ETA
La entrega de Soledad Iparraguirre, “Anboto”, que ya se encuentra en prisión; Juan Antonio Olarra Guridi, “Juanvi”; Félix Ignacio Esparza, “Navarro”, y Ainhoa Múgica, “Olga”, “dejaría expedita la finalización del presente procedimiento en su etapa flagrante”, según explicó el magistrado en la providencia de este jueves.
En esta causa, García Castellón ha investigado la presunta responsabilidad de la cúpula de la facción en el atentado perpetrado el 4 de agosto de 2002, un ataque que se saldó con el homicidio de Silvia Martínez Santiago, de seis primaveras, y de Cecilio Gallego, de 57.
El mediador asegura que la investigación permite concluir que, “desde la perspectiva que ofrece el estudio detallado del funcionamiento y estructura de la facción terrorista, sujeta a una férrea disciplina cuasi marcial, se considera que el atentado de Santa Pola se habría decidido por la dirección de ETA”.
Ese ataque se habría planteado “como medida de presión y castigo para tratar de contrarrestar el proceso para ilegalizar Batasuna en aplicación de la Ley de Partidos Políticos, proceso puesto en marcha con anticipación a producirse el atentado, y no al revés”.
En este caso en concreto, la Audiencia Doméstico condenó en 2012 a 843 primaveras de calabozo a los etarras Andoni Otegi Eraso, seudónimo “Iosu”, y Óscar Celarain Ortiz, “Peio”, al considerar probado “sin ningún condición de duda” que fueron los autores del atentado.