El independentismo pensó en Schulz, Prodi o Mujica para mitigar el “conflicto”
Si surge una obsesión en Carlos Puigdemont es internacionalizar el conflicto independentista; el de proponer una lucha entre Cataluña y el Estado en igualdad de condiciones. Esta fijación responde a que entre las condiciones planteadas para pedro sánchez Para apoyar su investidura está la puesta en marcha de un mecanismo de mediación y verificación, lo que el independentismo llamó en su momento ponente.
El prófugo lleva forjando esta idea desde que organizó el referéndum ilegal de 2017. Puigdemont sostiene que, después del 1 de octubre, estados como Suiza estaban dispuestos a mediar entre la Generalitat y el Gobierno para encontrar una salida a la crisis constitucional que llevaría a la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre, en la posterior huida de su promotor a Bélgica y en la intervención de la autonomía catalana tras la aplicación del 155.
Pero sería dos años después, a principios de 2019, cuando el fugado logró arrastrar al Ejecutivo liderado por pedro sánchez aceptar que un ponente supervisara y diera fe de la negociación bilateral que inauguró la Declaración de Pedralbes, el cónclave celebrado en Barcelona el 20 de diciembre de 2018 en el que el Gobierno asumió por primera vez la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña. .
Quim Torra Ocupó entonces la presidencia de la Generalitat como partidario de Puigdemont, que fue quien, desde Waterloo, telegrafió la exigencia del ponente. La entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, coincidió con la exigencia en la dirección de ERC, la encargada de engrasar la relación entre el Ejecutivo central y el regional a través de Pere Aragónen aquellos tiempos vicepresidente de la Generalitat.
En Palau se barajan nombres como el del expresidente del Parlamento Europeo Martín Schultz; el del expresidente de Uruguay José Mújica o la del ex primer ministro italiano, Romano Prodi. Aunque nunca se pusieron a prueba por dos motivos: el Gobierno se negó a que el mediador fuera una figura internacional, como pretendían los independentistas catalanes, y porque la reacción de los partidos constitucionalistas, que convocaron la manifestación de Colón para denunciar la rendición de Sánchez al separatismo, y la Las reticencias internas que la cuestión había generado en el PSOE acabaron empujando al Gobierno a dar marcha atrás.
Las consecuencias son conocidas: ERC y el PDeCAT -la formación heredera de Convergencia aún no se había disuelto en Junts- tumbaron los Presupuestos Generales del Estado y el presidente socialista se vio obligado a convocar elecciones.
El poso de aquel terrible recuerdo todavía perdura en las filas socialistas, por lo que, de todas las reclamaciones planteadas por Puigdemont, la del ponente es la que más molesta al Gobierno.
“Típico de los conflictos armados”
El ex diputado de la común Jaime AsensEl presidente, que viene ejerciendo de enlace entre el Ejecutivo y Junts, reconoció tras la conferencia de Puigdemont que un mediador es propio de los conflictos armados y que le cuesta encajar a esta polémica figura en las conversaciones para la investidura. Cuando hablamos de un relator internacional, neutral, me parece que es difícil de aceptar, porque alargaría mucho el proceso y no deja de ser una negociación entre partidos, completó el exparlamentario que impulsó el primer contacto entre el Gobierno. y Puigdemont a través de la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Asens vio más factible nombrar un facilitador para coordinar el trabajo, una especie de supervisor que no necesariamente tendría que tener un perfil internacional. En el Gobierno, sin embargo, trabajan con otra idea. Consideran que el expresidente fue lo suficientemente ambiguo al hablar de un mecanismo de mediación o verificación como para terminar tolerando que esa función sea ejercida por una comisión de seguimiento. La fórmula se parece demasiado a la mesa de negociación acordada entre Sánchez y ERC, que probablemente acabe siendo descartada por Junts.
El posconvergente Exigen recoger previamente la investidura y eso supone aprobar la ley de amnistía, pero también acordar ese mecanismo de mediación para que la posterior negociación sobre la autodeterminación tenga garantías de avance.
En el fondo, en Junts existe el temor de acabar siendo señalado por la parroquia secesionista, que ha atacado a ERC por su negociación con el Gobierno de Sánchez y que le ha castigado haciéndole perder más de 300.000 votos en las municipales y 400.000 en las generales. El prófugo quiere que alguien demuestre que su negociación con el Estado estaba comprometida antes de la investidura y tiene éxito para no sufrir un desgaste como el que sufre Aragón. Su objetivo final en esta negociación es regresar libremente a España sin ir a prisión ni ser inhabilitado para volver a presentarse a la presidencia de la Generalitat.