El Tarea del Interior ha respondido al magistrado que instruye en el Tribunal Supremo la causa por el ‘procés’, Pablo Llarena, que el ofreció a los Mossos d’Esquadra apoyo activo por parte de Policía Doméstico y de Control Civil para detener al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, pero que la policía catalana no requirió «tales apoyos más allá de los habituales». En consecuencia, ha admitido que solo activó los «bienes operativos y de inteligencia extraordinarios» de uno y otro cuerpos «una vez conocida la fuga de Puigdemont».
Son las dos claves del referencia que Interior ha remitido este martes al al magistrado instructor de la causa abierta en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El mediador Llarena pidió el viernes, 24 horas a posteriori del regreso y fuga del ‘expresident’, explicaciones de los sucedido al unidad que dirige Fernando Ancho-Marlaska, así como a los Mossos d’Esquadra, que asumieron el activo.
En respuesta a ese requerimiento, el Tarea del Interior ha asegurado a Llarena que ofreció a la Policía de la Generalitat «cualquier apoyo activo por parte de Policía Doméstico y de Control Civil que precisase». Sin incautación, la policía autonómica no requirió en ningún momento los servicios ofrecidos, «más allá de los habituales», ha precisado el unidad de Marlaska, prestados a través de la mesa de coordinación operativa y «de intercambio de información e inteligencia».
En cualquier caso, según ha informado Interior en una nota de prensa, el referencia remitido al Supremo recoge que los Mossos d’Esquadra informaron al servicio del diseño de su «dispositivo específico y singular» para proceder a la detención del ‘expresident’ «una vez fuese localizado». Un dispositivo en el que no participaron agentes de la Policía Doméstico ni de la Control Civil porque no fueron requeridos.
Siquiera realizaron operativos paralelos para detener al prófugo, tal y como ha admitido Interior en su referencia, puesto que «la competencia y capacidades operativas de los Mossos d’Esquadra como policía integral en Cataluña en materia de seguridad ciudadana, policía jurídico y de investigación criminal y policía administrativa»; competencia recogida en el artículo 164 del contemporáneo Estatuto de Autonomía de Cataluña.
(Nueva en ampliación)