El centro de menores instalado en el antiguo colegio Camilo José Cela, en el arrabal de El Fondillo, en la hacienda de Las Palmas de Gran Canaria, en el que residían cerca de de 120 menores migrantes, ha sido desalojado. Los menores serán trasladados a otros fortuna, a posteriori de que se haya ejecutado el clausura de este centro, tramitado por la asociación Oportunidades de Vida.
Esta ONG ya fue objeto de polémica hace meses, ya que la Fiscalía abrió una investigación legislativo contra su presidente, Rafael Hernández, que fue denunciado por presuntamente explotar a estos menores en sus explotaciones agrícolas. El asimismo presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) Canarias está siendo investigado por un supuesto delito de comercio de personas y explotación profesional.
Según informó el circular Canarias 7, fue denunciado de forma anónima en presencia de la Fiscalía, asegurando que a los menores se les pagaba entre 20 y 25 euros por largas jornadas de trabajo y por otra parte, de acuerdo a los datos facilitados por el diario, se les descontaba seguidamente mosca si no tenían un comportamiento correcto en el centro donde pernoctaban. Por su parte, Hernández negó esta inculpación y aseguró que la probidad aclararía los hechos.
Por otra parte, la estructura recibió el pasado mes de abril la comunicación del Comunidad de Las Palmas de Gran Canaria de que debía renunciar las instalaciones, que llevaban ocupadas por el centro Tagoror para este fin desde 2018.
Han sido agentes de la Policía Canaria y varios técnicos del Comunidad quienes se han personado para controlar el proceso de desalojo, que se produce por «valor legislativo», y que la causa se encuentra bajo secreto de sumario, de acuerdo a las fuentes oficiales.