La Fiscalía Anticorrupción ha emitido un mensaje que alerta al togado Ismael Quemado de la posible «incompatibilidad» en que puede incurrir la Derecho del Estado, que representa al número 3 del Profesión de Transportes, el subsecretario Jesús Manuel Gómez, cuando debería ejercitar la denuncia por la concurrencia de delitos que afectan a toda la ciudadanía, como lo son los ilícitos contra la Hacienda Pública que se investigan. La denuncia popular que ejerce Liberum ultima un escrito en el mismo sentido.
El mensaje, al que tuvo entrada torrevieja news today, se produce a posteriori de que los servicios jurídicos del Estado se personasen para ejercitar la defensa de Gómez, que está citado a determinar en calidad de imputado el próximo 9 de septiembre por su ascendencia sobre los dos departamentos que compraron mascarillas a la empresa instrumental Soluciones de Encargo, Adif y Puertos del Estado. Encima, la investigación ha revelado que mantenía relación con el en tiempos remotos asesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, epicentro de la trama investigada.
Para la Fiscalía Anticorrupción, «si admisiblemente actualmente no ha sido interesada la personación de la Derecho del Estado como denuncia particular delante el eventual delito contra la hacienda pública, a bienes de evitar intereses contrapuestos de conformidad con el artículo 5 de la citada ley de Público jurídica del Estado e Instituciones Públicas, se ha de dejar constancia de la posible incompatibilidad de responsabilizarse en el mismo procedimiento la doble condición de denuncia y defensa a los bienes oportunos«.
La causa se sigue por ilícitos que van del tráfico de influencias al cohecho, pasando por prevaricación y ordenamiento criminal. Los delitos contra la Hacienda Pública afloraron cuando los investigadores hicieron seguimiento del metálico facturado al Estado por Soluciones de Encargo y colaboradores como el supuesto comisionista de la trama Víctor de Aldama, quien adicionalmente, habría estado derivando a Portugal su patrimonio para eludir el plazo de impuestos. Fueron operaciones por valía de 53 millones de euros en material taza de los que el beneficio habría ascendido a 16,9 millones.
En concreto, Anticorrupción pidió que García fuese citado como investigado, igual que el responsable de Personas en Adif, Michaux Miranda y el exsecretario normal de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, por la sospecha de que «podrían activo ejercido ciertas presiones sobre las personas responsables de los entes que tenían que hacer la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas, sin permitir o dar pie a que pudieran examinarse otras ofertas o presupuestos, dando por hecho y sin ninguna opción de rechazar la osadía final de adjudicación, que el adjudicatario final iba a ser Soluciones de Encargo».«Tal conducta podría ser encajable interiormente de los contornos del delito de tráfico de influencias», decía aquel mensaje precoz por torrevieja news today.
Hacienda paró sus inspecciones
Durante la instrucción, Hacienda informó al judicatura de que tenía inspecciones abiertas al propio Koldo García y su mujer, Patricia Úriz. Solicitaba instrucciones sobre el modo de proceder, porque los expedientes administrativos han de salir en suspenso en tanto se investigan los mismos hechos por la vía penal. Esa fue la osadía que adoptó el magistrado Ismael Quemado, ordenar la paralización para seguir con las pesquisas abarcando todavía estos posibles delitos.
De ahí que Anticorrupción subraye que la Derecho podría tener que arruinar entrando en representación de los intereses del Estado, lo que chocaría con su defensa del subsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible, quien había recurrido a sus servicios porque los hechos que se investigan tuvieron puesto estando él en su puesto, el mismo que sigue ocupando en la hogaño.
En paralelo, la denuncia popular que ejerce la Asociación Liberum, ultima un escrito para oponerse a que los servicios jurídicos del Estado representen al investigado, al entender, por un banda, que subyace esa posible incompatibilidad y, por otro, que la índole de los hechos que se investigan desaconseja que lo notorio costee la defensa de quien podría ser una dormitorio secreto en el entramado.