La transición a un maniquí energético verde en Galicia continúa sin separar. Las suspensiones cautelares establecidas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se suceden como un filtración: ya son 52 los parques eólicos cuya construcción permanece paralizada. Un asunto en presencia de el que la Consellería de Medio Entorno ya mostró su «máxima preocupación» la semana pasada y, ayer, su titular, Ángeles Vázquez, dio un paso más solicitando una reunión con la ministra para la Transición Ecológica (Miteco), Teresa Ribera, para conocer su postura y la del Gobierno central en presencia de un asunto «trascendental» para la Comunidad gallega.
«Es trascendental para nuestra Comunidad Autónoma apurar con estas paralizaciones que lastran al sector en un momento en el que Europa, como adecuadamente sabe, lo considera secreto para estrechar las emisiones de gases de sensación invernadero y ganar la neutralidad climática (…) porque la descarbonización de Galicia está comprometida», argumentó Vázquez en la carta remetida a la ministra.
Todo ello en el contexto del Pacto Verde de la Unión Europea, del que forma parte España, y que implica unos objetivos de descarbonización y reducción de emisiones de contaminantes que requieren de fuentes de energía alternativas, como es el caso de la eólica, una oportunidad para asegurar la independencia energética de la Unión posteriormente de que esta vulnerabilidad quedase diploma con la dependencia del gas y petróleo rusos en un contexto geopolítico opuesto.
Informes «rigurosos»
La conselleira insistió en la carta remitida al Miteco en el compromiso del Ejecutante gallego para el progreso de un maniquí eólico «planteado desde la máxima transparencia, con una evaluación ambiental de los proyectos que se realiza de forma rigurosa y siempre mediante consulta pública y avalada con informes técnicos objetivos, rigurosos e imparciales». Asimismo, Vázquez defendió los examen de impacto ambiental desarrollados por los técnicos de la Xunta, «una evaluación rigurosa» que no ha impedido la parálisis de más de 50 parques eólicos por parte del TSXG. Aunque admitió que el Gobierno autonómico «respeta las decisiones judiciales», la conselleira añadió que «no puede compartirlas», ya que desde la Xunta «exigen que se supere una tramitación ambiental rigurosa» donde se «garantice que no se produzca un daño ambiental».
«No en vano, el 50 por ciento de los proyectos presentados recientemente fueron rechazados por esta Dependencia autonómica por motivos ambientales tras la evaluación rigurosa de la Xunta de Galicia», añadió Vázquez en la misiva enviada a Teresa Ribera, en la que pregunta si el Gobierno tomará medidas en presencia de una situación que «está perjudicando a Galicia».
Seguridad jurídica
A la prórroga de conocer la respuesta del Gobierno central, la Consellería de Medio Entorno elevó el problema a instancias de la Unión Europea en la reunión mantenida entre la titular y el vicepresidente segundo del Comité de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, a principios de agosto.
Un diálogo en el que la conselleira solicitó que la intrepidez del TSXG de presentar una cuestión para clarificar esta cuestión jurídica con el Tribunal Superior de Honradez de la Unión Europea (TSJUE) se tramite por la vía de emergencia para activar el desbloqueo que afronta la Comunidad gallega. Un asunto, el de los proyectos de energías renovables, que uno y otro catalogaron como de «interés divulgado superior», coincidiendo en la indigencia de dotar de seguridad jurídica al sector eólico a Galicia.