Los problemas vinculados a la presencia de okupas han vuelto a aflorar en Ourense luego de que los vecinos de la calle río Arnoia llamasen la atención sobre los problemas de convivencia que genera un clase que se instaló en una nave industrial abandonada propiedad de Adif. La empresa ferroviaria reconocía el problema, y aseguraba estar tomando las medidas legales necesarias para conseguir un desalojo. El problema es que ese proceso, según los expertos en la materia, puede dilatarse entre 14 y 20 meses; motivo por el cual muchos propietarios con este tipo de problemas recurre a los servicios de empresas de mediación, quienes intentan conseguir un desalojo no violento ayer de montar a la resolución jurídico.
Una de esas compañías es D.I.O Express, que lleva operando en la provincia más de cinco primaveras. Su administrador, Francisco Fernández, explica que “en Ourense no hay el cuerpo que tenemos en otras ciudades como pueden ser Vigo o A Coruña, pero sí es cierto que tenemos casos de okupación ilegal como de inquilinos morosos. En la ciudad hay sobre todo problemas de morosidad, de familia que no paga el locación”. Este perfil de familia, según Fernández, serían mayoritariamente personas de origen extranjero. “Tenemos un clase de Europa del Este que opera en la ciudad de la próximo guisa: Alquilan un tierra diciendo que es para una persona y su mujer, y luego entra todo un clase. Pagan dos o tres meses, y luego dejan de hacerlo. Son familia que deja los pisos en mal estado y chantajea a los propietarios, exigiéndoles hasta 15.000 euros para ceder la casa”, continúa el administrador, “los amenazan y les destrozan el tierra. De esos hemos tenido dos casos de la misma familia en Ourense el postrero año y medio”, concluye Francisco Fernández.
Los datos en Ourense
Estos son los últimos datos de okupación en Ourense.
Mediación no violenta
El procedimiento de D.I.O. Express examen establecer una mediación entre propietarios y usuarios que acabe en la salida de la vivienda. “Escuchamos a ambas partes y buscamos soluciones”, comenta el administrador, Francisco Fernández. “A veces damos 40 días de plazo a quien está en la vivienda para marcharse. Hacemos visitas durante diferentes horarios buscando una salida voluntaria firmando una resolución del resolución, en caso de haberlo, o una renuncia al usufructo de la vivienda. Si es una okupación ilegal, esperamos que reconozcan que estaban usando la vivienda sin permiso. Y luego está el caso de los precarios, que tienen un permiso verbal, pero no un resolución”. Estos casos de precariedad son el asunto más frecuente que la empresa manejo en la ciudad. “En el año en curso, habremos tenido unos 18 casos en Ourense”, cuenta Fernández.
El administrador pide al mismo tiempo comprensión para estas personas que residen sin permiso. “No solo hay que ver al propietario, hay que entender todo. Hay morosidad, pero detrás de ella hay familia que tiene dificultades”, concluye.