Continuar reforzando la renovación de la flota automovilística en Madrid. Con ese objetivo, el Gobierno autonómico ha ampliado las ayudas a la movilidad eléctrica, con una aporte de 60 millones más para atender la ingreso demanda de ciudadanos y entidades, extendiendo el plazo de solicitudes hasta el próximo 31 de de diciembre.
Tras sobrevenir asignado el 100% de los fondos disponibles del Plan Moves III, la Comunidad de Madrid lidera la ejecución de los fondos europeos en esta límite, por encima del resto de comunidades autónomas, como resaltó ayer el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Hasta el momento, se han tramitado 50.842 expedientes y se han concedido ayudas por valía de 151,2 millones de euros, que representa el 14% del presupuesto total asignado a las comunidades autónomas en este software y superando significativamente el promedio franquista de resoluciones de concesión (62%).
Por otra parte, se han ventilado pagos en 25.234 solicitudes de ayuda por valía de 73,6 millones de euros. La inversión presente asegura a la solicitud de 60 millones de euros adicionales para cubrir la relación de calma y adelantarse a la previsión de las solicitudes que se esperan percibir hasta final de año.
Crítica al Gobierno central
En este contexto, el maestro de Medio Concurrencia, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, lamentó ayer que desde el Ejecutor de Pedro Sánchez no hayan movido ficha: «El Gobierno central anunció la convocatoria de un Plan MOVES IV el pasado marzo, pero no ha cumplido ese compromiso». Por otra parte, critica Novillo, «el software presente no cubre las micción y perjudica al sucesor por cargarle con más trámites burocráticos».
Como novedad, se simplifica el procedimiento al establecer un plazo de doce meses para presentar la documentación justificativa de la adquisición; esta modificación será aplicable a las solicitudes presentadas a partir del 1 de agosto de 2024. En cuanto a los puntos de recarga, se ha simplificado la documentación técnica a presentar para explicar la inversión.
Por otro banda, se regulan los procedimientos para las subvenciones al autoconsumo y la eficiencia energética de edificios, siendo más accesibles y con un reparto más eficaz.