La defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont y el eurodiputado en la última sesión Antoni Comín ha presentado una denuncia contra el magistrado instructor de la causa por el procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, delante el Consejo Universal del Poder Contencioso acusándole de «desatención» y «retraso injustificado y reiterado en la tramitación y resolución de los fortuna de reforma interpuestos en la causa».
La denuncia, a la que tuvo paso torrevieja news today, la firma el cultivado Gonzalo Boye y se centra en la desidia de resolución de los fortuna de reforma que presentó contra la no aplicación de la ley de Gracia a la malversación imputable en el contexto del procés, una atrevimiento que adoptó Llarena el pasado 1 de julio y que sustentó que el día 3, se recordase a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la vigencia de una orden de detención contra Puigdemont en zona franquista.
El escrito señala, por un costado, que los fortuna se plantearon los días 8 y 9 de julio y hasta el día 22 no se dio traslado a las partes, pero además que habiendo suspendido Llarena sus ocio el 7 de agosto para ocuparse de la detención de Puigdemont en su anunciada revés a Barcelona y habiendo dictado el 9 de agosto providencias reclamando a los Mossos y el Ocupación del Interior explicaciones sobre su «fracaso» al interceptarle, los fortuna seguían sin resolver.
Para Boye, esta circunstancia, «por otra parte de poner de manifiesto lo malvado de la dilación, indica que no existe razón justificada de ninguna clase para no resolver internamente del plazo justo», especialmente cuando las partes habían presentado «dos recordatorios de la pendencia de dichos fortuna de reforma».
«El Excmo. Magistrado Instructor ha incumplido reiteradamente el plazo justo previsto expresamente en el artículo 222, tercer párrafo, de la Ley de Parecer Criminal, para la resolución de los fortuna de reforma en la causa específico», dice el escrito, para subrayar que esos fortuna «debieron haberse resuelto hace más de un mes, durante la primera fracción del mes de julio de 2024».
Considera que los hechos serían «indudablemente constitutivos de infracción disciplinaria» porque por otra parte, son «reiterados», en una nueva ataque contra Llarena, al que ha intentado apartar ya en diversas ocasiones, por la obligación de Puigdemont de agotar la vía interna de fortuna en el Tribunal Supremo contra la denegación de la remisión para poder salir así al Tribunal Constitucional, en la creencia de que enmendará la atrevimiento y borrará los cargos que pesan contra el prófugo.