El expresidente catalán, Carles Puigdemont, y el eurodiputado de Junts, Toni Comín, han denunciado delante el Consejo Universal del Poder Legislativo (CGPJ) al instructor de la causa del ‘procés‘, el magistrado Pablo Llarena, conveniente al “retraso injustificado y reiterado en la tramitación y resolución” de los fortuna a la aplicación de la ley de perdón.
Fue el pasado 1 de julio cuando Llarena rechazó perdonar el delito de malversación que atribuye a Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig. Encima, acordó perdurar vigentes las órdenes nacionales de detención, una atrevimiento que fue recurrida por las defensas, la Derecho del Estado y la Fiscalía una semana más tarde.
En el escrito, el abogado Gonzalo Boye solicita al víscera de gobierno de los jueces investigar ese retraso al considerar que el sentenciador del Tribunal Supremo ha incurrido en una infracción disciplinaria de la Ley Orgánica del Poder Legislativo por haberse “excedido con creces el plazo previsto” en el ordenamiento para resolver los fortuna. El culto apunta que “la inobservancia de los tiempos legalmente establecidos durante el entrenamiento de las funciones o competencias judiciales tiene su respuesta disciplinaria en las faltas muy pesado, pesado y leve“.
Los mismos se presentaron contra el utilitario por el que el sentenciador declaró inaplicable la perdón al delito de malversación que se imputa a Puigdemont y Comín. Todavía recurrieron esa atrevimiento la Fiscalía, la Derecho del Estado y la defensa de la secretaria genérico de ERC, Marta Rovira, y del exconseller Lluís Puig.
El culto asegura que “los denunciantes han presentado dos recordatorios de la pendencia de dichos fortuna de reforma”. “No junto a duda alguna de que el magistrado ha tenido un conocimiento singularizado de las particulares circunstancias del asunto, habiéndosele regalado cuenta específica de su retraso hasta dos veces, a pesar de lo cual ha continuado sin despacharlo”, mantiene. Encima, incide en su escrito, que todo ello a pesar de que Llarena dejó “sin finalidad su inmoralidad de ocio con el anhelo claro de supervisar la captura” de Puigdemont. “Lo que, por otra parte de poner de manifiesto lo sagaz de la dilación, indica que no existe razón justificada de ninguna clase para no resolver interiormente del plazo lícito”, finaliza.
El escrito
“D. Gonzalo Boye Tuset, Erudito del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en nombre y representación del M. H. Sr. Carles Puigdemont i Casamajó, diputado al Parlamento de Cataluña, y del H. Sr. Antoni Comin i Oliveres, diputado al Parlamento Europeo,
según se acredita mediante poderes adjuntos como documento nº 1 y 2, delante el Consejo Universal del Poder Legislativo comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO: Que por medio del presente escrito vengo a presentar denuncia contra el Excmo. Sr. Pablo Llarena Conde, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por la desatención y el retraso injustificado y reiterado en la tramitación y resolución de los fortuna de reforma interpuestos en la causa distinto n.º 20907/2017, vinculados a la aplicación de la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de perdón para la normalización institucional, política y social en Cataluña, con almohadilla en los siguientes”, comienza el escrito que se puede consultar a continuación.
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