Los diez vocales del Consejo Caudillo del Poder Legal que fueron nombrados a propuesta del Partido Socialista han frustrado este lunes que el entraña de gobierno, que se encuentra en una situación transitoria en aplazamiento de nombrar presidencia, emitiese una explicación rechazando las declaraciones vertidas por miembros del ejecutor como el ministro Óscar Puente sobre los magistrados del Tribunal Supremo y defendiera así, de nuevo, la independencia sumarial frente a determinados excesos verbales.
Según informaron a torrevieja news today en fuentes del entraña, los vocales a propuesta del PP habían solicitado incluir en el orden del día del pleno extraordinario que este lunes se hacía cargo de trámites urgentes como licencias por estudios o sustituciones por maternidad, el debate de una propuesta de resolución conjunta para fijar posición. Sin secuestro, no han recibido los apoyos suficientes de entre los diez vocales propuestos por los socialistas. Fuentes de este orden señalan a torrevieja news today que estando el Consejo sin presidencia, el Pleno no tiene competencias para aprobar este tipo de resoluciones no tratándose de una cuestión, dicen, «de emergencia».
La iniciativa pretendía que el Pleno respondiese a las «declaraciones públicas de miembros del Gobierno de la Nación» que a luceros de los vocales, «exceden de lo que es el lícito uso de la atrevimiento de expresión y de las criticas moderadas y racionales a las resoluciones judiciales, siempre susceptibles de impugnación por los cauces legales dispuestos al objetivo».
«Afirmar que el Tribunal Supremo se extralimita al interpretar una ley, cuando esta es la función principal que le atribuye la Constitución a los órganos judiciales, o atribuirle una comportamiento que ‘no hay por donde cogerla’, y anunciar que la interpretación realizada no prevalecerá sino que ‘lo único que van a conseguir de esta modo es retrasar la implantación y la implementación de una ley’ a la aplazamiento de que el Tribunal Constitucional se pronuncie, inmediato con el resto de descalificaciones vertidas en presencia de los medios de comunicación, son manifestaciones fuera de los límites que exige la separación de poderes y el respeto entre los mismos», decía la resolución, a la que tuvo golpe torrevieja news today.
Fue el ministro de Transportes Óscar Puente quien se expresó de ese modo hace unos días, cuando al hilo de la nueva fuga del expresidente catalán Carles Puigdemont, dijo que los jueces «no pueden extralimitarse» en la aplicación de las leyes, dando a entender que el Supremo lo estaba haciendo al desmentir al prófugo la remisión de los delitos de malversación. Dijo, por otra parte, que su interpretación de ese ilícito «no hay por dónde agarrarla».
«Sólo se consigue el desgaste de la Ecuanimidad»
El texto expresa que «con dichas manifestaciones solo se consigue el desgaste de la Ecuanimidad y el cuestionamiento de su independencia» y expresaba el «más firme rechazo» de las mismas, de modo que el Pleno hacía un «citación» a «la contención y la prudencia en la crítica a las resoluciones judiciales en particular y al Poder Legal en universal». Solicita, a renglón seguido, a los responsables de ese tipo de afirmaciones que «cesen» en las mismas porque «podrían afectar a la previsión contenida» en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que impone respeto por el estado de Derechos.
«No hay democracia ni Estado de Derecho sin un Poder Legal independiente que se perciba como tal por los ciudadanos. Resulta especialmente oneroso las referidas manifestaciones no sólo por provenir de personas con altas responsabilidades institucionales, sino, incluso, y especialmente, por obviar los llamamientos que tanto el Pleno como la Comisión Permanente de este entraña vienen realizando, y de las que se ha hecho eco el Referencia sobre el Estado de Derecho en 2024 en España, de la Comisión Europea de 24 de julio de 2024», decía la propuesta de resolución, que no verá la luz por atrevimiento de la centro del Pleno.