El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, y los grupos de las Cortes, excepto el PP, coincidieron ayer en que el modelo territorial, vigente en el Ley de Ordenación de Servicios y Gobierno del Territorio (Lorsergo)aprobada en 2013, “no ha sido efectiva y está paralizada”, debido a la falta de acuerdo para la aprobación de mapas rurales. Amilivia presentó ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes el Informe ‘Análisis de los efectos de la aplicación de la Ley de ordenación de los servicios y gobierno del territorio de Castilla y León en la prestación de servicios por las entidades locales’, cuyo trabajo reivindicó como “una oportunidad que abre un debate sobre el futuro de la Comunidad” y confió en que “culmine en un acuerdo político”, informa Ical.
El informe presentado en la Comisión de Economía y Hacienda rescata un debate sobre un asunto que tuvo lugar en buena parte de las últimas legislaturas entre la Junta y los grupos tras la aprobación del texto base, en septiembre de 2013, para el que hubo consenso. pero eso se rompió con el proyecto de ley de mapas rurales, que no ha sido retomado nuevamente.
El Grupo Mixto, UPL-Soria Ya, Vox y PSOE calificaron de “devastadora” las conclusiones del informe, mientras que la portavoz del PP, María Ángeles Prieto, se refirió a avances en las directrices del Ministerio competente y culpó a la oposición por la falta de consenso para cerrar el modelo.
“El informe habla claro por sí solo, Lorsergo no ha conseguido los fines para los que fue aprobado en esta Cámara”, resumió Amilivia, en coincidencia con los grupos, incluido Vox, ya que el abogado Javier Teira afirmó que “el espíritu y la arquitectura ” por la ley puede ser buena, pero “el modelo no ha funcionado en ninguna de sus dimensiones”.
El socialista Miguel Hernández echó por tierra el retraso de su debate en la comisión parlamentaria y estimó que esta ley tiene difícil desarrollo ante los “socios” del PP, primero Ciudadanos y ahora Vox. Asimismo, se mostró crítico el abogado de Vox, Javier Teira, que comparte “el espíritu y la arquitectura” de la ley, pero consideró que En la práctica “no ha funcionado” por falta de unidades rurales, lo que imposibilita la constitución de asociaciones rurales de interés general. “Hay dos opciones: insistir en el modelo o hacer una revisión”, concluyó.
En la Comisión de Economía también se iba a debatir un segundo informe del Consejo de Cuentas sobre cambio climático, cuyas primeras conclusiones llevaron a Vox a criticar que se señale al campo y a la automoción como “responsables de la supuesta emergencia climática”. Finalmente, el debate sobre este punto quedó aplazado al día 9 por acuerdo de los grupos, al no poder comparecer el abogado del PP que debía intervenir.