La Ordenamiento de Consumidores y Usuarios (OCU) ha mostrado su apoyo a la prohibición de la contratación de la electricidad y el gas por teléfono recogida en el plan del Reglamento Caudillo de Suministro y Contratación y ha pedido que se amplíe a otras empresas, como las de telefonía porque son “fuente de todo tipo de abusos”.
Según una fresco sondeo de OCU, nueve de cada diez consumidores reciben llamadas comerciales no solicitadas y, a menudo, con reiteración: el 40% recibe más de seis llamadas al mes, especialmente de compañías energéticas, pero asimismo de telefonía.
Por ello, según recuerda la estructura, ya exigieron a la Agencia de Protección de Datos que iniciara labores de control, vigilancia y, llegado el caso, impusiera “sanciones ejemplares”.
Asimismo denuncian “la errata de transparencia” en la información que se transmite a los consumidores. La misma sondeo de OCU revela que en muchos casos no se sabe quién está llamando: una de cada cinco llamadas incumple directamente la norma, ya que el teleoperador no identifica a la empresa para la que trabaja.
Encima, alerta de que es habitual que los comerciales argumenten “falsamente” que el sucesor está pagando tarifas muy elevadas, que se las van a subir o que cambia la ley y le va a salir más cara.
Otra sondeo fresco de la estructura destaca la insatisfacción de los usuarios con los Servicios de Atención al Cliente (SAC) de las compañías de gas y luz, pero asimismo de los bancos, las empresas de seguros, y los operadores de telefonía. En concreto, el 39% de los usuarios de gas y el 32% de los de electricidad están insatisfechos con la atención al cliente de su compañía.
Al mismo tiempo, OCU recuerda que está irresoluto desde 2023 la aprobación de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, otra norma que, a su inteligencia, “contribuiría decisivamente a delimitar los problemas detectados, sobre todo en relación a la resolución de los abusos detectados, ya que agiliza y facilita las reclamaciones”.