Desde finales del pasado mes de julio, los testigos, procesados y letrados de estos en los casos de violencia de variedad deben portar obligatoriamente un distintivo en forma de pegatina para estar en todo momento identificados conforme a su rol en la causa, según adelanta El Correo.
La medida, que se aplica exclusivamente en los dos juzgados de violencia sobre la mujer de Bilbao, pretende evitar encuentros entre denunciantes y denunciados y así entregar los protocolos de movilidad en este sentido. Según apunta el diario bilbaíno, la audacia no gusta a los abogados defensores, que argumentan supone una “estigmatización” tanto de los defendidos como de sus propios letrados.
Se contemplan, eso sí, dos excepciones. La primera es para los acusados que ya estén en un calabozo a la calma de un sensatez, porque es la Ertzaintza quien se encarga de su custodia y movilidad, y se entiende luego que el detenido está siempre bajo vigilancia. La segunda es para los propios abogados, que en vez de la pegatina pueden transigir su propio carné identificativo, poco que siquiera gusta según apunta el diario.
¿Cómo se lleva a extremidad el protocolo?
El nuevo protocolo surge a raíz de una instrucción firmada por la secretaria coordinadora de Bizkaia entregado el 16 de julio. Obliga a ingresar a la cuarta planta del Palacio de Probidad para acreditarse y obtener así la pegatina, que dependiendo del rol de cada parte es de un color y forma diferente. Sin palabras, para que el código sea solo conocido internamente. El problema, que apuntan los letrados, es que estos parches se colocan en una zona que es pública y cualquier persona puede verlo. Puede que sea cuestión de tiempo que el código acabe siendo de dominio divulgado. Solo a posteriori se accede a la planta inmediatamente superior, que es de golpe restringido.
Este control interno que investigación proteger a las víctimas y que adoptan los propios juzgados de violencia sobre la mujer de forma huido ha provocado que el Colegio de la Leyes, según la información ofrecida por El Correo, haya presentado quejas formales, delante la secretaria que firma el documento; delante Iñaki Subijana, presidente del Tribunal Superior de Probidad del País Vasco; y al propio Gobierno vasco.
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