Hace poco más de un mes, el 18 de julio, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez se reunía con el flamante primer ministro anglosajón Keir Starmer para retomar el tratado entre uno y otro países por la cuestión gibraltareña. El disputa sinalagmático se cerró con la promesa de un acuerdo a corto plazo, asegurado por la confluencia de dos gobiernos progresistas al frente de las dos naciones.
Prácticamente en los mismos días, el ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, concedía una entrevista al diario La Vanguardia en la que, entre otras cuestiones, censuraba el hecho de que «la derecha y la ultraderecha españolas mantengan sobre Gibraltar el espíritu de la reconquista». El mismo dirigente había aplaudido la continuidad de Sánchez tras el síntoma de dimisión de finales de abril al estabilizar que eso sería «bueno para Gibraltar». Entre otras cuestiones, el tratado parece que respetaría la singularidad de la Colonia, pues según Picardo «no puede tener el mismo régimen fiscal que España, porque entonces no podríamos crear la prosperidad compartida a la que aspiramos».
Por eso es particularmente vistoso que, en una negociación en ciernes, se hayan vivido diversas tensiones diplomáticas en las últimas semanas. La más fresco, el pasado lunes 19 de agosto, cuando dos patrulleras y una chalupa semirrígida de la Escuadra Efectivo (Royal Navy) Británica realizaron unas maniobras en la zona de aguas donde TNG Integral Foundation está construyendo el macroproyecto. Aguas que España reconoce como suyas al no haberse otorgado a Reino Unido en el Tratado de Utrecht que sí le confirió el circunscripción en torno al Peñón.
Si la primera transgresión fue ejecutar el prueba, la segunda llegó cuando la Escuadra Efectivo expulsó del zona a una patrullera de la Escolta Civil. El día 30 sucedió lo mismo pero a la inversa, una embarcación de la Guardia Civil se acercó a la playa de Saliente, de soberanía gibraltareña. «La concierto de la patrullera española es totalmente inaceptable y los agentes que iban a borde deberían asimilar que no deben permitirse un comportamiento tan provocador y peligroso», afearon fuentes oficiales de la Colonia, que sin retención no excusaron en ningún momento lo sucedido recientemente con la Royal Navy. Ni en esta ocasión, ni en las numerosas maniobras previas.
Sin «testigos directos»
De hecho, el corregidor de Algeciras José Ignacio Landaluce, reclamó este miércoles al Gobierno de España información sobre el «absolutamente injustificable acoso al que la Royal Navy ha vuelto a someter a embarcaciones de la Escolta Civil en aguas españolas cercanas a la colonia de Gibraltar».
El igualmente senador del PP es habitual voz crítica respecto a la papeleo estatal frente a las «demostraciones de fuerza» de Reino Unido. Ya lo hizo en más de una ocasión respecto a los rellenos del Eastside y ahora ha vuelto a hacerlo sobre estructura de la comarca.
Y es que hace nueve meses que se destituyó a Juan José Sanz y Javier Benosa como delegado singular del Ocupación de Asuntos Exteriores para el Campo de Gibraltar y responsable de la Oficina de Asuntos de Gibraltar, respectivamente, sin que aún se hayan designado a los sustitutos. «Se ciernen dudas sobre si el Ejecutor socialista pretende con esta situación impedir que haya más testigos directos en las negociaciones relacionadas con Gibraltar», infirió Landaluce el pasado jueves.
Esa teoría del silencio consciente es la que muchos sectores defienden, reforzados ahora por el inspección deliberadamente del Gobierno de asimilar que se exportan millones de kilos de piedra a Gibraltar, pero no con qué intención.