El Partido Popular ha registrado un escrito frente a el enjuiciador que instruye el caso Koldo en la Audiencia Franquista que da cuenta de «las irregularidades detectadas» en la auditoría realizada por el Servicio de Transportes sobre la adquisición de mascarillas a la empresa Soluciones de Encargo en el inicio de la pandemia desde los organismos Puertos del Estado y Adif. Han aportado copia del noticia íntegro fraguado por orden del ahora ministro Óscar Puente.
El escrito tiene forma de medio de reforma contra la providencia por la que el enjuiciador José Luis Calama, en sustitución del instructor Ismael Quemado, autorizó que la Derecho del Estado ejerciese, de momento, la defensa del subsecretario de Movilidad en el Servicio de Transportes, Jesús Gómez García, que está investigado, maniobra que cuestionaban tanto la Fiscalía Anticorrupción como la recriminación que ejerce Liberum frente a el posible «conflicto de interés» si, frente a la detección de delitos fiscales, los servicios jurídicos públicos habían de evidenciar asimismo en la causa.
El problema de fondo es que la semana pasada, el ministro Óscar Puente anunció el cese del subsecretario y las acusaciones, como informó este diario, le piden ahora que reconsidere su posición sobre la Derecho del Estado como defensora del mismo. Pero el escrito, va más allá y reproduce párrafos significativos de esa auditoría interna que arrojaba diversas irregularidades tanto en la valentía de adquisición como en la distribución del material taza que adquirieron Puertos del Estado y Adif, introduciendo así en la esfera de la investigación contencioso esas indagaciones administrativas.
Entre ellas, figura mención expresa al cambio de la orden ministerial que acordaba la primera adquisición, y que pasó de pedir 4 millones de mascarillas a encargar ocho millones, según el mismo subsecretario, porque el asesor del ministro, Koldo García, le dijo que era «todo o mínimo», pero asimismo recoge que el asimismo investigado y cesado estos días Michaux Miranda, director genérico de Personas en Adif, contó a los funcionarios de la inspección que hizo llamadas de comprobación de las ofertas de otras empresas que niegan activo sido contactadas.
«Los hechos objeto de imputación al Sr. Gómez García se podrían encuadrar jurídicamente adentro del Título XIX de delitos contra la Delegación Pública. No puede entenderse cómo la Derecho del Estado pueda postularse en defensa de aquellos investigados por delitos que precisamente atentan contra los posesiones jurídicos que debe defender», dice el escrito, al que tuvo entrada torrevieja news today.
Señala que «el resultado de la auditoría hecha pública por el titular del Servicio de Transportes el 23 de agosto de 2024, acompañado de los ceses de dos cargos vinculados a los expedientes objeto de investigación penal deben revertir la valentía adoptada» que permitía a la Derecho la representación del ya ex subsecretario.
Pide encima que se cite a la Agencia Tributaria para que se le haga ofrecimiento de acciones de guisa que pueda desempeñar la recriminación, ya que es «notorio y evidente el impacto que la presente causa tiene para los intereses del Estado por investigarse hechos de relevancia penal que, entre otras, habrían podido afectar a las arcas del Estado». Los servicios jurídicos estatales tendrían que desempeñar «sin ningún genero de dudas», su representación.