El Gobierno de España alega “indefensión” frente a el expediente infractor destapado por la Comisión Europea por la presunta infracción legislatura en la ampliación de la concesión de la AP-9, aprobada en 2000 por el gobierno de José María Aznar, y señala que se vulnera el principio de seguridad jurídica al cuestionar una atrevimiento “más de 20 primaveras luego” con pulvínulo a una justicia que no se puede aplicar en este caso.
Hace unos días, así lo recogía el crónica del Ejecutante remitido a la Comisión, en respuesta a la segunda carta de emplazamiento enviada a España en relación con este procedimiento, según han confirmado fuentes pertenecientes a la institución europea a la agencia Europa Press.
En esa respuesta, el Gobierno insiste en que la legislatura comunitaria sobre contratación pública no se puede aplicar a la ampliación de la concesión porque concurren los requisitos de la citación excepción in house, ya que la concesionaria estaba en ese momento controlada por el Estado y realizaba su actividad para el Estado, quedando vedada la billete de accionistas privados, de modo que no resultan de aplicación los principios de igualdad de trato y de transparencia.
Igualdad de trato y transparencia cumplidos “escrupulosamente”
Asimismo, expone que no se puede aplicar a este caso la directiva europea sobre reglas de publicidad, ya que dicha directiva no regula las modificaciones de las concesiones. Por otra parte, señala que la traspaso de la Empresa Doméstico de Autopistas (ENAUSA) no está sujeta a la legislatura armonizada sobre contratación pública, al tratarse de un acto sumarial diferente: una privatización. Y añade que los principios generales de igualdad de trato y transparencia se cumplieron “escrupulosamente” en ese proceso de traspaso.
Tras subrayar que no se produjeron las supuestas infracciones de las que deje la Comisión, el Gobierno de España indica que se ha producido una “infracción del principio de seguridad jurídica” en las actuaciones de la Comisión, “que pretende cuestionar, más de 20 primaveras luego, y sobre la pulvínulo de argumentos basados en justicia inaplicable al presente asunto”, la ampliación de la concesión y la privatización de ENAUSA.
En su respuesta, el Gobierno castellano quiere dejar constancia de la “indefensión” que se produce en la tramitación de este expediente que, advierte, “abunda en presunciones y juicios de valencia”, y lamenta además los “graves perjuicios que su indebida prolongación genera” tanto al Estado castellano como a terceros, “aspectos que la Comisión debería remediar”.
Tras recapacitar que los procedimientos de infracción en la UE deben justificar “en un planteamiento presidido por la anciano objetividad, nunca en suposiciones”, concluye que “no se ha producido ningún incumplimiento” de la directiva europea sobre reglas de publicidad, ni de los principios de igualdad de trato y transparencia.