El Convenio Marco de Servicios Sociales 2024-2027, firmado entre la Junta de Castilla y León y las diputaciones provinciales y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, financiará dos nuevos programas para promover la igualdad. En primer lugar, la contratación de técnicos en igualdad de oportunidades que implementen acciones en esa dirección. En segundo lugar, uno dirigido a desarrollar acciones para promover la igualdad y la lucha contra la violencia machista.
El monto de partida anual para establecer el financiamiento de los servicios básicos para los próximos cuatro años será 160 millones de euros correspondientes a la anualidad de 2023suma que se irá incrementando año a año mediante las correspondientes adendas.
El presupuesto inicial del último Acuerdo Marco, aprobado en 2019 para el periodo 2020-2023, fue de 448 millones de euros. Sin embargo, acabará superando el 580 millones, debido a los sucesivos aumentos anuales realizados a través de las adendas acordadas.
Este monto se destinará a financiar, durante el ciclo comprendido entre 2024 y 2027, los servicios sociales básicos que presta el CEAS, que actualmente cuenta con 915 trabajadores, a los que hay que sumar los equipos de segundo nivel, integrados por 481 profesionales. Es decir, el siguiente Convenio Marco cubrirá los gastos de 1.396 profesionalesque superan los 1.266 del anterior.
Las dos novedades en materia de igualdad de oportunidades han sido anunciadas hoy por la ministra de Familia, Isabel Blanco, tras mantener una reunión con representantes de diputaciones provinciales y ayuntamientos que sirvió para Fijar la financiación del sistema social autonómico para los próximos cuatro años.
De acuerdo con la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública de la Comunidad está constituido por el conjunto de recursos, programas, actividades, prestaciones, equipamientos y demás actuaciones de titularidad pública y las de Propiedad privada financiada total o parcialmente con fondos públicos. Dentro de este sistema juegan un papel fundamental las corporaciones locales con competencias en materia de servicios sociales, los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales.
Un comunicado de la Junta, recogido por la Agencia Ical, indicó que el Convenio Marco para la Cofinanciación de Servicios Sociales Es el instrumento de colaboración y coordinación entre la Junta y las corporaciones locales para la financiación de las prestaciones sociales. que deberán ser realizados por las citadas entidades locales. Se trata de un instrumento que, además de proporcionarles financiación, garantiza la estabilidad, continuidad y homogeneidad en la atención a las personas más vulnerables de Castilla y León, aprovechando la proximidad de los profesionales a los usuarios, evitando así duplicidades e ineficiencias.
Además, este modelo de organización y financiación garantiza, por un lado, la continuidad de los profesionales y los beneficios que con ello se financian, el intercambio de información entre ambas administracionesel trabajo en equipo y el apoyo técnico entre profesionales y la homogeneización de criterios, protocolos, documentación, etc., en toda la Comunidad.
El Acuerdo Marco es destinado a financiar el personal de los equipos de Acción Socialatención a situaciones de dependencia y el funcionamiento y prestaciones de la Red de Protección a Familias y Personas.
Los equipos de Acción Social Básica constituyen la unidad básica de articulación funcional del Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública. Prestan sus servicios en el Centro de Acción Social (CEAS) cuyo ámbito territorial corresponde a la Zona de Acción Social y depende directamente de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes o de los ayuntamientos, que prestan servicio a los municipios de menor población del ámbito rural. Actualmente existe al menos un CEAS por cada Zona de Acción Social, 189 en toda la Comunidad.
1.400 profesionales
Estos 1.396 profesionales constituyen la puerta de entrada a los Servicios Sociales. ellos se encargan de Proporcionar información, orientación y asesoramiento a todos los ciudadanos que lo soliciten sobre los recursos del sistema. También realizan la detección, diagnóstico y evaluación de la situación de necesidad en cada caso, y desarrollan un plan individualizado de atención al usuario, así como su seguimiento. Con este, Desarrollan acciones preventivas y de promoción de la convivencia y la integración familiar y social, además de actuaciones de envejecimiento activo y prevención de la dependencia. Dan prioridad al acceso a la Renta de Garantía de Ciudadanía y a la evaluación y seguimiento de situaciones de dependencia.
Dentro de la atención a situaciones de dependencia, se financian servicios esenciales para personas dependientes como la ayuda a domicilio, la teleasistencia, los servicios para personas mayores, para personas con discapacidad, la formación de cuidadores no profesionales, el mantenimiento de equipos de promoción de la autonomía personal (EPAP) y Programas de envejecimiento activo y prevención de la dependencia para personas mayores.
Asimismo, dentro de la Red de Protección Familiar e Individual se financian una serie de programas cuyo objetivo final es la protección de las familias y personas en riesgo de exclusión social. Es el caso de las prestaciones económicas para necesidades básicas de subsistencia en situaciones de emergencia social, que han visto aumentado tanto el umbral como el importe máximo, o las prestaciones extraordinarias en situaciones de deuda hipotecaria. Específicamente, El presupuesto inicial de 2,5 millones se ha incrementado en 3 más, llegando a las ayudas para rentas medias. Otros servicios que se cubren a través del Convenio Marco son el servicio de apoyo preventivo a niños y adolescentes en situación de riesgo, el servicio de apoyo familiar para la protección de la infancia, las actuaciones preventivas para familias con hijos menores en situación de riesgo y los programas de intervención en drogodependencias.