En su última comunicación oficial enviada a la Comisión Europea (CE), el Gobierno central dice tener las manos atadas delante los «graves perjuicios» que genera el expediente sancionador amplio contra la ampliación de la concesión de la AP-9 hasta 2048 –otorgada en el año 2000 por el gobierno de José María Aznar–. Un expediente que denuncia la ruptura de reglas de publicidad, de los principios de igualdad de trato y de los de transparencia. La prórroga, argumenta el víscera europeo, debía haberse anulado tres primaveras luego de su concesión, cuando se privatizó la autopista; pero el Estado considera vulnerado el principio de seguridad jurídica por cuestionarse la valentía «más de 20 primaveras luego» y invertir como pulvínulo una legislación «inaplicable».
La razón: la citación excepción ‘in house’, por la que, al favor sido la concesionaria de control estatal y habiendo realizado su actividad para el Estado, quedó vedada la décimo de accionistas privados, de modo que, sostiene el Gobierno, no resultan de aplicación los principios de igualdad de trato y de transparencia ni los argumentos volcados por la CE en ese sentido. Así se recoge en el referencia del Ejecutor remitido hace unos días a la Comisión –en respuesta a la segunda carta de emplazamiento enviada a España por este proceso–, que niega las supuestas infracciones denunciadas por la CE, según han confirmado fuentes europeas a Ep; incluyendo la aplicación de la directiva europea sobre reglas de publicidad, aludiendo que no regula las modificaciones de las concesiones.
En este decorado, la «indefensión» que alega el Gobierno viene dada por los «graves perjuicios que su indebida prolongación –la del expediente– genera», tanto al Estado gachupin como a terceros, «aspectos que la Comisión debería remediar», cita el escrito. El expediente europeo, prosigue, «abunda en presunciones y juicios de valencia», cuando, recuerda el Estado, por norma debe probar en «un planteamiento presidido por la viejo objetividad, nunca en suposiciones». Y concluye, explícitamente, que «no se ha producido ningún incumplimiento» de la directiva europea sobre reglas de publicidad o los principios de igualdad de trato y transparencia.
Fuentes del Ejecutor han trasladado asimismo que, aunque no comparten la valentía adoptada por el gobierno de Aznar en el 2000, es su responsabilidad «velar por el interés genérico». En esa ristra, escudriñamiento evitar el suspensión coste que conllevaría una anulación de la concesión, en manos del cirujano privado Audasa, al que debería entregar compensaciones. Concretamente, según había enigmático el ministro de Transportes, Óscar Puente, unos 4.000 millones de euros, a los que se sumarían otros 2.000 si se formalizase la transferencia a Galicia.