Fedea advierte en un estudio de que retrasar un año la salida del mercado gremial aumenta “significativamente” el peligro de sucumbir entre los 60 y los 69 primaveras. Recomienda fijar distintas edades de retiro en función de las ocupaciones y establecer mecanismos de flexibilidad. El peligro se concentra especialmente en las ocupaciones físicamente más exigentes y las sujetas a un veterano nivel de estrés emocional y mental. Es mucho último para los individuos que tienen camino a mecanismos de pensión parcial que les permiten resumir sus horas de trabajo a partir de determinada vida.
El estudio, que analiza el impacto de una reforma realizada en España en 1967 que endureció la pensión anticipada, arroja esa conclusión. La reforma de 1967 consistía en aquellos que comenzaron a cotizar antiguamente del 1 de enero de 1967 podían jubilarse voluntariamente a partir de los 60 primaveras, mientras que el resto (con algunas excepciones) tenían que esperar hasta los 65 primaveras. La cojín de datos es un extenso archivo de datos administrativos sobre historiales laborales de individuos en las cohortes nacidas de 1935 a 1955 que la Seguridad Social ha hecho accesible a los investigadores a través de salas seguras y, recientemente, camino remoto.
Subvención parcial
Por el contrario, señala Fedea, el peligro es último para los trabajadores que tienen camino a mecanismos de pensión parcial que les permiten resumir sus horas de trabajo a partir de determinada vida.
En cojín a estos resultados los autores del estudio igualmente calculan el coste o beneficio social de restringir o eliminar la opción pensión anticipada y muestran que “el impacto contrario sobre la esperanza de vida supera las ganancias fiscales”.
El estudio presta particular atención a cómo varían los mercancía sobre la mortalidad dependiendo de las características de los puestos de trabajo y la flexibilidad de la caminata.
Los expertos de Fedea han calculado el coste o beneficio social de restringir o eliminar la opción pensión anticipada. Su conclusión es que “los ahorros fiscales derivados del retraso en la pensión y la reducción de la duración de los pagos de las pensiones no compensan la pérdida social asociada a la reducción de la esperanza de vida, lo que sugiere que la reforma no es económicamente beneficiosa en el contexto más amplio del bienestar social”. Para la fundación, en un momento en el que la prolongación de las vidas laborales puede ser un útil imprescindible para certificar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones, su estudio concluye “la pobreza de diseñar con cuidado los detalles de las políticas de pensión, atendiendo a sus posibles mercancía sobre la vigor de los trabajadores”. “Es importante, en particular, tener en cuenta el porción de exigencia física, emocional y mental de las distintas ocupaciones a la hora de fijar las edades mínimas y legales de pensión, que no pueden ser iguales para todos, así como introducir, con carácter común, mecanismos flexibles de pensión anticipada y parcial que permitan a los trabajadores modular sus horas de trabajo en la parte final de su carrera gremial”, agrega el crónica.
Sin beneficio financiero
En cifras, el estudio calcula que un aumento de 0,46 primaveras en la vida al sucumbir se traduce en una pérdida social valorable de 8.564 euros por individuo.
Frente a esto, el retraso en la salida del mercado gremial de la citada reforma genera, en promedio, una ayuda adicional al sistema de pensiones y unos ingresos fiscales de 1.925 euros y ahorra a la Seguridad Social 3.228 euros por retirado en beneficios de pensión.
Como resultado, la Seguridad Social obtiene una rendimiento fiscal de 5.213 euros gracias a la reforma. “En suma, los ahorros fiscales derivados del retraso en la pensión y la reducción de la duración de los pagos de las pensiones no compensan la pérdida social asociada a la reducción de la esperanza de vida, lo que sugiere que la reforma no es económicamente beneficiosa en el contexto más amplio del bienestar social”, concluyen.
En presencia de estas cifras, Fedea pide diseñar con cuidado los cambios en las políticas de pensión, atendiendo a sus posibles mercancía sobre la vigor de los trabajadores.
En concreto, recomienda tener en cuenta “el porción de exigencia física, emocional y mental” de las distintas ocupaciones a la hora de fijar las edades mínimas y legales de pensión, que no pueden ser iguales para todos.
Igualmente reclama introducir, con carácter común, mecanismos flexibles de pensión anticipada y parcial que permitan a los trabajadores modular sus horas de trabajo en la parte final de su carrera gremial.
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