La Comisión Europea no está dispuesta a aceptar los argumentos esgrimidos por el Gobierno de España –tanto en un primer referencia como en el segundo, remitido hace unos días en respuesta a una segunda carta de emplazamiento– para defender la prórroga de la concesión de la autopista AP-9, al entender que dicha valor se adoptó para valuar la infraestructura de cara a su privatización, y que no es aplicable la excepción “in house” defendida por el Ejecutor gachupin.
Ésa es la posición que, en diferentes momentos, se ha trasladado a eurodiputados gallegos que han preguntado sobre la tramitación del expediente de infracción campechano a España, al considerar que vulneró la norma europea por no convocar un concurso manifiesto en espacio de aprobar la prórroga directamente (una prórroga de 25 primaveras, hasta 2048).
Y así se lo trasladaron miembros de la Comisión al eurodiputado socialista Nicolás González Casares, en un discusión mantenido el pasado 17 de julio, en el que los responsables europeos expresaron su esperanza de que España renuncie a abastecer como coartada esa excepción “in house” (aplicable cuando la valor se toma de forma interna por un poder manifiesto, sobre un servicio manifiesto, como era en ese momento la AP-9). Al respecto, la Comisión insiste en que el Gobierno (en el año 2000, presisido por José María Aznar) amplió la concesión entendido de que, poco tiempo luego, iba a entregar la autopista, para aumentar su valía.
En ese sentido, González Casares ha anotado, en declaraciones a Europa Press, que la Comisión “no le dice a España cómo tiene que solventar la situación”, sino que “tiene que ser el Estado miembro el que negocie y plantee una propuesta”. Al respecto, ha señalado que, entre las alternativas posibles, está sacar a concurso una concurso de la concesión o correctamente negociar con la empresa que explota la autopista (Audasa) una rescisión del acuerdo, una opción que el propio ministro gachupin de Transportes, Óscar Puente, ha descartado por el elevado coste que supondría par las arcas públicas (que cifró en unos 4.000 millones).
El europarlamentario gallego ha recordado, no obstante, que la situación es fruto de una “herencia envenenada” del PP y que, en ese sentido, el Gobierno puede alegar estar indefenso porque “ellos no tomaron esa valor”. González Casares ha subrayado que los socialistas gallegos no comparten la prórroga acordada por el gobierno de Aznar, una “valor nociva” para Galicia, aunque ha matizado que, como eurodiputado, defiende “que se respete el derecho comunitario”.
Finalmente, tras reiterar que la Comisión “no acepta las justificaciones” de España, ha insistido en las dos vías posibles, anticipadamente, para dar posibilidad a esta situación, o correctamente un rescate o correctamente licitar nuevamente la concesión, aunque ha añadido que, esta segunda opción, “no gustaría” en Galicia.
Pérdida de “oportunidad”
Por su parte, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha lamentado que el Gobierno de España se empeñe en abastecer unos argumentos que la Comisión ya ha rechazado –y así se lo han trasladado las autoridades europeas a la propia Miranda– y ha señalado que la “indefensión” que alega el Ejecutor no es sino “connivencia” del PSOE con el PP.
Al respecto, Miranda ha subrayado a Europa Press que “ahora es la oportunidad” de poner fin a la concesión para tener una autopista “gallega y fugado de peajes”, y finalizar así con la “trapallada” que dejó en herencia el PP a los gallegos. “Pero se ponen de perfil, me consulto qué intereses hay detrás”, ha aseverado, antaño de repetir que “hay que dar un paso delante”, y de anunciar que ella se va a “asegurar hasta el final” para conseguir la anulación de la concesión.
Sobre la coartada del Profesión de Transportes acerca del suspensión coste de rescatar la AP-9, Ana Miranda ha puntualizado que “no tiene por qué ser así”, ya que si la Comisión declara que la prórroga fue ilegal, sería el Estado el que podría demandar beneficio cesante. Encima, ha añadido, en caso de que no haya una propuesta alternativa por parte de España, la infracción que ahora investiga la Comisión podría finalizar en el Tribunal de Imparcialidad Europeo y, “si el TJUE condena al Estado, los ciudadanos pagarían doblemente, la concesión y la multa, y Audasa se reirá de todos”.
La eurodiputada nacionalista, que ha presentado varias preguntas a la Comisión acerca de este expediente de infracción, ha progresista que el BNG está preparando un referencia intensivo, de la mano de la UDC, “que demuestra la ilegalidad de la prórroga” y es que “hay indicios más que evidentes de que esto fue muy mal hecho, y que la Comisión tiene razón”. “España puede alegar lo que quiera, pero si no se cumplió la ley, no se cumplió”, ha concluido.
Sobre esta cuestión se ha pronunciado además este miércoles el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, que ve “escandaloso” que el Gobierno alegue “indefensión” para demostrar el mantenimiento de la concesión hasta 2048.
Tras implorar que el Gobierno socialista asume el papel de “cómplice de la injusta resolución de Aznar“, ha señalado que es “incoherente” asegurar que no comparte la valor y pretender mantenerla, y ha cuestionado además la fiabilidad de las cifras esgrimidas por el PSOE para recusar el rescate.
Críticas del PPdeG al Gobierno
Por su parte, el PPdeG ha expresado su “sorpresa” por tener que conocer a través de los medios la posición del Gobierno gachupin en este procedimiento, y ha recordado que la Xunta ha encargado un estudio para conocer si las cifras dadas por el Profesión de Transportes para un eventual rescate (unos 4.000 millones de euros a los que habría que sumar otros 2.000 millones por la transferencia) son “fiables”.
El portavoz “popular” de Infraestructuras en el Parlamento gallego, Roberto Rodríguez, ha reclamado “seriedad, transparencia y objetividad”, y ha asegurado que la Xunta trabaja “para tener una AP-9 gallega, transferida con medios para su papeleo y fugado de peaje, tal y como se comprometió el Gobierno con sus socios nacionalistas”.