La Comité de Andalucía ha señalado este sábado, en un comunicado, que atendió en 2023 a través de su Servicio de Audiencia a Víctimas de Andalucía (SAVA) a 1.475 personas e instituciones en Córdoba, la mayoría mujeres, de entre 30 y 44 abriles, solteras y residentes fuera de la hacienda. Más del 48% de las personas usuarias, 710, eran mujeres víctimas de violencia de mercaderías.
Los SAVA, gestionados por la Consejería de Probidad, Delegación Locorregional y Función Pública, se ubican en las principales sedes judiciales de las capitales andaluzas, si admisiblemente desde la pasada asamblea cuentan con equipos itinerantes para unir la atención a las víctimas del medio rural. «De hecho, en el zaguero año son más las personas atendidas residentes en un municipio de la provincia que las procedentes de la hacienda cordobesa», ha destacado la delegada territorial de Probidad, Delegación Locorregional y Función Pública, Raquel López.
Los SAVA cuentan con juristas, psicólogos y trabajadores sociales, todos ellos con formación en violencia de mercaderías. Su ámbito de aplicación se extiende a todas las víctimas de delito cometido en España o que pueda ser perseguido en España, con independencia de su patria, de si son mayores o menores de vida o de si disfrutan o no de residencia legítimo.
Más del 88% de los usuarios atendidos en Córdoba son mujeres (1.303). En 2023, recibieron colaboración por parte del SAVA 135 menores, asimismo en este caso mayoritariamente niñas víctimas de delitos cometidos por otros menores o por conocidos.
Una misma persona recibe atención integral por lo que el número de actuaciones realizadas el año pasado fue de 13.617, en concreto 2.940 actuaciones del ámbito judicial, 1.787 de tipo social, 2.184 psicológicas y 6.706 generales.
Coordinación con el Instituto de la Mujer
Aunque el SAVA atiende a víctimas de todo tipo de delitos, casi la parte de los usuarios que han pasado por estos servicios han acudido o han sido derivados por delitos relacionados con la violencia de mercaderías y el 85,75% han denunciado.
López ha recordado que «desde hace un año existe un protocolo entre el SAVA y el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) para alentar la coordinación y el intercambio de información entre los servicios de Probidad y del IAM. El objetivo es evitar la doble victimización de las mujeres que sufren violencia de mercaderías cuando tienen que repetir varias veces y en presencia de distintas personas los hechos».
El protocolo crea una figura de narración para la víctima, que hace de enlace entre el personal participante en su proceso, tanto si la denuncia llega a judicializarse como si no, de modo que se facilite el asesoramiento y orientación acerca del sistema legal y de la red de fortuna asistenciales especializados. En función de la aprieto y peligro para las víctimas, se diseña un Plan de Audiencia Individualizada desde un punto de clarividencia multidisciplinar y multisectorial.
Los delitos más habituales de las víctimas atendidas en el SAVA son los de lesiones (30%), contra la integridad honrado (24,2%) y contra la voluntad (25,2%). Más del 58% ha sufrido delitos continuados.
Si en el caso de las mujeres el victimario principal es la pareja o expareja, en los menores pira la atención que en un 23% de los casos atendidos este año la persona que ha cometido un delito contra ellos era otro beocio y en otro 23% un conocido.
El SAVA asimismo ha asistido a 54 mujeres con discapacidad, un 42% mayores de 45 abriles y un 27,78% de entre 18 y 29 abriles. En el 25% de los casos el victimario era un hijo suyo.
Aunque la mayoría de las personas atendidas son andaluzas, en 2023 han pasado por los equipos del SAVA de Córdoba 98 inmigrantes, principalmente procedentes de Colombia (22,45%).