El juez de la Audiencia Nacional que investiga la ‘Operación Titella’ interrogará al productor de televisión a partir de las 9.30 horas de este miércoles José Luis Morenoel presunto cabecilla de la macroestafa.
Así se recoge en una sentencia, recogida por Europa Press, en la que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, cita a Moreno como investigado este miércoles a partir de las 9.30 horas. Será la segunda vez que el ventrílocuo declara en fase de instrucción -aprovechó su derecho a no declarar tras ser detenido en julio de 2021- después de que el magistrado lo interrogara en febrero del año pasado, precisamente a petición del propio productor de televisión.
En ese comunicado, Moreno negó cualquier ilegalidad en relación a la supuesta macroestafa, asegurando que no se trata de un “capo” de nada sino de un empresario de larga trayectoria. Ahora, el magistrado volverá a oírle después de que el productor pidiera el pasado mes de agosto acudir a los tribunales.
Cabe destacar que estas declaraciones reflejan el análisis de los diarios que Moreno llevaba en su domicilio de Boadilla del Monte en el momento de su detención y que revelan, según los investigadores, que recurrió al actor Santiago Segura como “garante” firmar un contrato con Televisión Española por valor de más de 6 millones de euros.
Así se desprende de un informe elaborado por la Guardia Civil en el que los agentes explican que Moreno y su número dos, Antonio Aguilera, utilizaron la empresa Integral Mundo Producciones para firmar un convenio con la entidad pública gracias a la “colaboración” de Segura y después manteniendo “numerosos contactos y reuniones” con el entonces presidente de RTVE José Antonio Sánchez y los directores de Contenidos y Programación Antonio Luis Sevilla y Fernando López Puig.
Moreno, como tarjeta de presentación
Moreno, acusado de estafa, blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsedad documental, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Pública, se encuentra en libertad condicionalcon obligación de comparecer semanalmente ante los tribunales, retirada del pasaporte y prohibición de salir del país.
Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al “fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados”, “a la falsificación de documentos bancarios como cheques y pagarés” y al “blanqueo de dinero”; y otro, encabezado por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que habría utilizado dicha estructura para lavar dinero.
Según el informe judicial, Moreno y Aguilera serían los “máximos responsables” y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, “como persona pública reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita” para obtener fácilmente la financiación que pretendía necesitar para lanzar un proyecto cinematográfico. Por tanto, él “fue el principal destinatario de los fondos obtenidos”.
Ese dinero pasaría luego a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían “amplios conocimientos en operaciones bancarias y comerciales”, por lo que serían los encargados de crear las sociedades, “conformarlas”, nombrar administradores y presentarlos ante las entidades bancarias como destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. . En realidad, no tendrían ninguna actividad.
A través de esta red de “empresas fantasma” gestionadas por supuestos testaferros, ambas organizaciones moverían “grandes cantidades de dinero en efectivo” que intentaban disponer con ingresos que hacían pasar por beneficios de su trabajo comercial o con inyecciones de efectivo para las que contaría con la complicidad de los empleados bancarios que cobrarían su comisión a cambio de introducir este dinero en el circuito legal.