La sección sexta de la Audiencia Provincial de La Coruña ha celebrado este martes el inicio del juicio contra cinco ex directivos de la Asociación de Hostelería de Santiago de Compostela acusados de falsedad en facturas y fraude para la obtención de subvenciones, un caso por el que también están siendo procesados. bajo sospecha los responsables de dos empresas que emitieron las facturas. En la primera sesión, dos directivos han reconocido la falsedad de las facturas, mientras que otros la han negado rotundamente y han señalado como responsable al ex directivo de la asociación.
En la sesión celebrada este martes prestaron declaración los siete imputados: los que en ese momento eran presidentes de las secciones de Alojamiento y Restauración, el exgerente y dos extesoreros, así como los responsables de las dos empresas que emitieron las supuestas facturas falsas. . . Ante la Audiencia, tanto el exgerente, Andrés Cornide, como el entonces presidente de Restauración, Jesús Sordo, han reconocido que las cuatro facturas utilizadas para acceder a las subvenciones de la Diputación Provincial de La Coruña que aparecen en el caso “eran falsas” y han Afirmó que todos los directivos imputados conocían estos hechos y estuvieron de acuerdo, informa Ep.
“Todas estas facturas fueron presentadas y todas son falsas”, reconoció ante el juez Andrés Cornide, quien admitió que todos los imputados “estaban al tanto” de este hecho. Sin embargo, añadió, “nadie se llevó dinero”, sino que las subvenciones fueron destinadas “a las arcas de la asociación”, que se encontraba en una mala situación financiera. Además, Cornide ha apuntado que los hechos a los que hacían referencia las facturas “se llevaron a cabo”, si bien se modificaron las cuantías para “acceder a las ayudas”. El ex directivo ha añadido que lamenta estos hechos.
Jesús Sordo también ha admitido los hechos en la vista oral y ha pedido “perdón”, aunque precisando que actuaron “en beneficio de la asociación”. Al igual que el anterior declarante, ha asegurado que los demás ex consejeros estaban “conscientes” de que las facturas eran falsas, a excepción de uno de los ex tesores, Manuel Paz, que en aquel momento estaba enfermo a la espera de un trasplante y tenía que ser hospitalizado frecuentemente. admisiones.
Otros lo niegan
Por el contrario, tanto el expresidente de Hospedaje, José Manuel Otero, como los extesoreros Manuel Paz y Ramón Carril han negado rotundamente conocer que esas facturas eran falsas y han declarado que firmaron las órdenes de pago y aprobaron las cuentas. de la asociación -donde se podían ver los retiros y luego los reingresos de los montos- porque confiaban en el directivo, a quien apuntaban, aunque su relación era “bastante mala”, reconoció Otero. “Todas las subvenciones las dirigía el directivo”, afirmó José Manuel Otero, y afirmó que “nunca en su vida” supo que las facturas eran falsas y que se limitó a firmar las órdenes de pago que le enviaba el ex directivo. sin cuestionarlos, dado que era “una obligación como presidente”.
Otero no revisó esos documentos ni las cuentas, donde se veían las entradas y salidas de fondos, reconoció, porque “pasaron por muchos filtros” antes de llegar a él y él “siempre” confió en su equipo. Carril, por su parte, ha señalado que su papel era “más que nada representativo” y ha sostenido que “toda la gestión de la asociación la llevaba a cabo el gerente”.
Además de las facturas falsas emitidas por dos empresas, también hay otra emitida por una empresa creada por la asociación para acceder a determinadas subvenciones prohibidas a entidades sin ánimo de lucro. La empresa, afirmó el ex directivo, “no tenía actividad propia”, sino que se utilizaba para solicitar determinadas ayudas a través de ella.
En la sesión también declararon los responsables de las dos empresas que emitieron facturas falsas. En el primer caso, el de una empresa de eventos, el responsable admitió que se crearon dos facturas -de 12.000 y 36.000 euros- a petición del gerente. «La empresa trabajó mucho para la asociación y había una relación de confianza. “Me pidió un favor”, dijo el acusado.
En la misma línea, una empresa reparadora elaboró una factura de poco más de 43.000 euros por la sustitución de unas luces LED que “no correspondían a ningún servicio”. La factura se realizó “a petición del personal de la administración”, afirmó el demandado.