«La paciencia del pueblo canario, que hemos tenido durante más de un año, esa paciencia (…) se tiene que apurar», ha sentenciado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que defiende el proceso judicial contra el Gobierno por «su pasividad» frente a las llegadas masivas de menores extranjeros al archipiélago.
Así lo ha expresado en una entrevista en ‘La observación crítica’ de Telecinco, donde asegura que «la paciencia del pueblo canario», tras más de un año de aplazamiento, «se tenía que apurar» en algún momento.
Clavijo ha asegurado que «no hemos tenido ninguna respuesta» del Estado y que «nadie se ha puesto en contacto con con nosotros, al menos conmigo». por lo que «estamos a la aplazamiento».
Canarias ha invertido «más de 150 millones de euros» en la atención a menores migrantes no acompañados pero ha aclarado que «la osadía de ayer no viene motivada por la partida de medios económicos sino por la partida del Estado en una crisis y un drama humanitario».
«Llevamos advirtiendo casi un año que este momento iba a lograr y los medios están absolutamente saturados», y ha detallado que lo que le «preocupa» es «cómo atender de guisa digna a esos menores a los que llevamos atendiendo en solitario como comunidad autónoma» porque en estos momentos »es inalcanzable poder avalar la los derechos».
A los menores «los trae el Estado a Canarias», porque «los recogen en entrada mar» y aunque «van a tener una atención inmediata« esta «no es forma de atender a un último». Ha defendido que »quién tiene la conserje y custodia de ese último es el Estado, luego será el Estado el que tenga que reponer a esa situación del último», que «no está en desamparo ni en desaliño».
Serán los servicios jurídicos los que analicen, ha dicho porque «arrimamos el hombro» pero «el Estado pretende que sea la situación regular, y nosotros no vamos a hacer cómplices de esa situación en la que los menores no tienen resguardado su derecho».
Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha denunciado la situación: «No puede ser que el Estado» entregue a la comunidad autónoma a los niños inmigrantes “con un nota de entrega como el de la negocio».