El año político empieza en Galicia con el foco en Sogama y en el Álvaro Cunqueiro



El año en la política autonómica echará a caminar definitivamente la próxima semana con la celebración del primer pleno del curso tras el parón veraniego, en el que los grupos de la competición tratarán de repetir su presión sobre la Xunta poniendo el foco en los contratos de la pandemia y el sobrecoste de 470 millones de euros en la construcción del hospital Álvaro Cunqueiro en una sesión en la que la mayoría del PP posicionará al Parlamento gallego a patrocinio del agradecimiento internacional de Edmundo González como vencedor de las elecciones en Venezuela.

Los diputados volverán al hemiciclo el 10 de septiembre, un día ayer de lo que hagan a las aulas los escolares gallegos. En víspera de la “reverso al cole”, comparecerá, a petición propia, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para informar sobre el inicio de curso, en el que se aplica el acuerdo con parte de los sindicatos para, entre otras novedades, iniciar la aplicación de la declinación de ratios de alumnos por clase.

Ayer de que Rodríguez defienda en la Cámara que el próximo curso será, como señaló la pasada semana, el de la “anciano modernización” del sistema escolar gallego en los últimos 30 primaveras; el pleno debatirá la propuesta del Bando para crear una comisión de investigación sobre los contratos de la Xunta en la pandemia y el coste del hospital vigués Álvaro Cunqueiro; asuntos sobre los que pretendía que diese respuesta el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una comparecencia que se topó con el rechazo del género que sustenta al Gobierno autonómico.

Concilio de portavoces

El orden del día del primer pleno del curso quedó fijado en la asamblea de portavoces, que dio forma ayer a una sesión que vivirá el primer careo de Rueda con los portavoces de la competición -Ana Pontón (BNG) y José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG)- del curso. La primera cuestionará las “prioridades” del Gobierno gallego que el Bando ve “alejadas” de los “problemas reales” de Galicia, mientras que el socialista lo hará sobre el coste de la construcción del Chuvi tras el documentación del Consello de Contas que analizó el maniquí de financiación por concierto elegida.

Precisamente, indagar sobre el coste del hospital vigués y los contratos suscritos por la Oficina autonómica con Eulen y durante la pandemia es la razón por la que el Bando quiere que se constituya lo que su viceportavoz, Luís Bará, definió como una “macrocomisión de investigación” frente a la “embuste de cocaína de irregularidades” cometidas desde la Xunta por una forma de contratar basada “en el privanza y el amiguismo”.

Cuestionado en rueda de prensa sobre si el PP podría suministrar que salga delante la creación de esta comisión de investigación parlamentaria, el portavoz popular, Alberto Pazos Couñago, invitó a los grupos de la competición a valerse del mecanismo del reglamento de la Cámara que les permite activar un organismo de este tipo sin condición de que exista un acuerdo mayoritario en el hemiciclo. “Dudo mucho que lo hagan”, espetó Pazos Couñago. Por su parte, el género mayoritario empleará sus votos para posicionar al Parlamento gallego a patrocinio de la competición venezolana en su demanda de que la comunidad internacional reconozca a Edmundo González como vencedor cierto de los comicios celebrados en julio. A través de una proposición no de ley, los populares reclamarán al Gobierno que abandone su “incomprensible tibieza” sobre el “fraude electoral” cometido por “el régimen” de Nicolás Reflexivo.

Canon de Sogama

Otro de los asuntos en los que la competición coincide en admitir al primer pleno del año es la subida del canon que Sogama cobra a los ayuntamientos gallegos por la recogida de la basura y su traslado a las plantas de tratamiento, que pasa de 68 a 108 euros por tonelada de residuos. La competición llevará a la Cámara iniciativas para poner en marcha a la Xunta explicaciones sobre lo que consideran la constatación del “fracaso” de un maniquí de tratamiento de residuos “obsoleto” que va en contra de las directrices europeas que penalizan el depósito e incineración como forma de tramitar la basura.

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