Una funcionaria de prisiones, trabajadora del centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, en Orense, ha sido suspendida de empleo durante tres meses por abandonarse su puesto de trabajo para permanecer relaciones con un interno.
Así lo ha decretado la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) frente a la que la mujer ha perdido el medio con el que solicitaba la anulación de la pena disciplinaria, interpuesta en el verano del 2022.
La sentencia da la razón a la Secretaría Militar de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Servicio de Interior, y da por buena la suspensión de sus funciones durante tres meses por considerar debidamente acreditados los hechos.
Según recoge la sentencia, la sombra del 7 de agosto de 2021, durante su marcha de trabajo en un módulo de la prisión de Pereiro de Aguiar, la inculpada «sin autorización del patriarca de servicio, abrió y accedió sin causa justificada la celda de un interno, permaneciendo en ella durante treinta minutos», periodo tras el cual «salió descalza, con los zapatos en la mano y colocándose el uniforme».
Los hechos han quedado acreditados no solo porque en el procedimiento se empleó como prueba un vídeo en el que se ve lo descrito, sino porque tanto ella como el interno de la referida celda reconocieron los hechos durante el expediente oficial.
En su medio, la funcionaria alegaba que el director de la prisión le tenía «animadversión» y que incluso había cedido a la colchoneta de datos, vulnerando la ley de protección, poco que el TSXG no considera demostrado.
Para el tribunal no hay violación de la ley de datos por exponer la situación de la funcionaria y «los graves hechos acontecidos», así como «la razón por la que se encuentra en este centro penitenciario en comisión de servicios», ya que se proxenetismo de una comunicación interna dirigida a un víscera oficial.
Siquiera ven animadversión en la petición que realiza el director de la prisión a la subdelegación de Gobierno para que revocase la pérdida por incapacidad temporal, que había solicitado la funcionaria al entrar en vigor la suspensión de funciones. Según el tribunal la valor administrativa fue incorrecta, pero se revocó posteriormente