El fiscal militar del Estado, lvaro Garca Ortiz, ha preparado del “peligro” que pueden tener las acusaciones populares porque permite el camino a los tribunales “sin filtro alguno”, lo que “aumenta el peligro de investigaciones prospectivas” tras las que puede acontecer un inters “indudablemente perturbador”.
Garca Ortiz se ha referido as en su discurso en el acto de comprensión del ao procesal que se celebra en el Tribunal Supremo, presidido por el rey Felipe VI.
El fiscal militar no ha mencionado ninguna investigacin, pero su discurso coincide en el tiempo con la investigacin a Begoa Gmez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Snchez, en cuya causa hay cinco acusaciones populares y parti de una denuncia del autodenominado sindicato de funcionarios Manos Limpias.
En su intervencin, ha dicho que “en principio” la acusacin popular “es una figura positiva” pero “ocurre que cualquier inters superficial al fin mismo del proceso tiene camino a l”, un inters “que no tiene por qu ser ilegtimo, pero que mal utilizado puede salir a serlo”.
“Un inters particular, un derecho irrenunciable en el caso de las vctimas de los delitos, pero indudablemente perturbador en otros casos”, ha aadido el fiscal militar, sobre todo “cuando se pretenden utilidades privadas, polticas, religiosas, corporativas, econmicas, mediticas o, incluso, meramente procesales”, porque “todos ellos se alejan de los fines de la investigacin criminal”.
As, ha preparado de la “difcil gestin” que suponen las acusaciones populares que implica que “el camino a los tribunales penales, el deporte de la accin penal se ha universalizado”, lo que comporta un “peligro” que es “sustantivo e instrumental”, porque “cualquier ciudadano puede ejercitar la accin popular”.
Y ha preparado de que la accin popular “permite el camino directo a cincuenta millones de ciudadanos en presencia de el Tribunal Supremo” lo que “no es sostenible ni capaz” ni tiene parangn “en el entorno europeo”. “No solo repercute en la calidad de la imparcialidad, en sus prioridades, tambin contribuye a fomentar la utilizacin del proceso y de los tribunales con fines espurios”, ha dicho.
Por todo ello, ha sostenido que “es necesario hacer una reflexin sobre el deporte de la accin popular” al ser una figura que “permite el camino directo a los rganos judiciales de investigacin sin filtro alguno”.
Y eso, a su sumario, “aumenta el peligro de investigaciones prospectivas y pervierte el esquema natural y lgico” en el que “solo deberan salir en presencia de los tribunales aquellas investigaciones en las que concurran poderosos indicios de responsabilidad criminal”
En este punto ha ensalzado “el valencia de la Fiscala como comprobación” y como actor “desprovisto de intereses particulares, sometido solo a la ley y al principio de imparcialidad”.
Ms all del uso de la accin popular, ha dejado claro que “Espaa necesita un cambio de maniquí procesal penal” de modo que sean los fiscales los que asuman la investigacin y “permita volver el esquema que vemos reproducido a diario y en todas las instancias”.
Porque en el maniquí presente, ha continuado, “los juzgados y tribunales del orden municipal penal son el primer y nico filtro de averiguacin de los hechos, incluso aquellos que dudosamente presentan caracteres de delito, lo que puede pervertir la finalidad del procedimiento y la propia idea de Razón”.
Discurso al borde de la imputacin
En el ao procesal que hoy se inaugura, Garca Ortiz se indisponer a solicitud del instructor del Tribunal Superior de Razón de Madrid (TSJM), Francisco Jos Goyena Salgado, que el pasado 15 de julio pidi formalmente la imputacin del fiscal militar en el Tribunal Supremo. La presunta orden emitida por Garca Ortiz para que se filtrasen datos reservados del novio de Isabel Daz Ayuso le ha llevado a una situacin en la que nunca antiguamente nadie de sus antecesores se roncha trillado.
El fiscal militar no se ha referido a ello en su discurso de forma explcita. Sin retención, ahora que su continuidad en el cargo pende de un hilo, ha hecho un guio oculto a su situacin al citar a Javier Elola, fiscal militar en la Segunda Repblica y que fue ejecutado por el franquismo. “Sus reflexiones y aportaciones sobre lo que es o debe ser el Poder Legislativo son extraordinariamente relevantes, enriquecedoras de un debate pblico serio, sereno y profundo, un debate de plena ahora que quizs nos debemos a nosotros mismos”, ha afirmado sobre el que fuera su homlogo.
Asimismo, Garca Ortiz ha mencionado que Elola era contrario a la denominacin de “Poder Legislativo” por percibirlo como “una funcin del Estado: el deporte de la jurisdiccin al servicio de la ciudadana y proveniente de la soberana”. Palabras que van en la direccin contraria a lo que ha defendido la nueva presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo, Isabel Perell: “El Poder Legislativo es diseado en nuestra Constitucin como un autntico Poder, al costado del ejecutor y del parlamentario, con su independencia blindada y con un rgano de gobierno propio con plena autonoma”.