Lola Flores, fue uno de los primeros casos que nos vienen a la inicio cuando hablamos de famosos que han recibido una importante multa por parte de Hacienda para intentar ser ejemplarizantes con el resto de la población. Pero no es ni mucho menos el único. La cantante Shakira habría sido la última víctima de los abusos de la Agencia Tributaria según defiende Ignacio Ruiz Jarabo, el que fuera director de esta institución entre 1998 y 2001. La colombiana se acogió en 2015 al régimen fiscal distinto de los impatriados previsto para atraer a deportistas de élite, artistas o cantantes. El requisito imprescindible es no acontecer residido fiscalmente en España en los diez primaveras previos. La opción se consultó con la AEAT y fue validada, aunque para su sorpresa, Shakira fue objeto de una investigación tributaria posterior de la que se desprendía que en 2011 había sido residente fiscal en nuestro país. Como consecuencia de lo cual se la practicó la consiguiente ganga. Ruiz Jarabo entiende que en esta actividad hubo “simulación”. “Hay deslealtad de la Agencia Tributaria con respecto al contribuyente y dice poco de la ética en el comportamiento de la institución”.
“lucha contra ricos y poderosos”
Jarabo insiste en que en “algunos periodos la AEAT ha practicado una nefasta política de acoso a los famosos” para intentar demostrar a la sociedad que se “lucha contra los ricos y poderosos”. Y igualmente para presionar al resto de los contribuyentes para no defraudar. Posteriormente de Lola Flores, “morapio Pedro Ruiz y en la época de Pedro Sánchez se ha utilizado con deportistas con un resultado no muy brillante porque la serie de jugadores que han derrotado a la Agencia Tributaria no cabría en un folio”. Los ejemplos de futbolistas igualmente son muchos, tanto es así que “se podría hacer una selección”. El más notorio fue el de Xabi Alonso. “La institución fiscal se llegó a querellar a la vez contra él y su asesor fiscal”.
Para comprender este tipo de actuaciones es importante entender que “los funcionarios de la AEAT reciben al final del año incentivos en función en número de liquidaciones y sanciones que se ha provocado con su acto y el precio de las mismas. Por lo que a Discernimiento de Ruiz Jarabo esta circunstancia podría influir en el humor de los funcionarios que ven como se premian económicamente las actuaciones, pero “no se les hace devolver la parte del premio que reciben” aunque la denuncia quede en cero. “Más del 50% de las liquidaciones administrativas que acuerda Hacienda son posteriormente anuladas” administrativa o judicialmente y “buena parte de las denuncias por delito fiscal acaban en la absolución del denunciado por desidia de fundamento”.
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