El Partido Popular registró este jueves su arbitrio de inconstitucionalidad contra la ley de remisión aprobada el pasado mes de mayo para perdonar una división del proceso independentista catalán y pidió la recusación de tres magistrados del Tribunal Constitucional alegando que debe ser “imparcial” e “independiente” a la hora de analizar esta norma. En concreto, el PP examen apartar de la deliberación de la ley de remisión a su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y los dos miembros que procedían del Gobierno de Pedro Sánchez, el exministro Juan Carlos Campo y la ex directora genérico de Moncloa Laura Díez.
Así lo anunció la secretaria genérico del PP, Cuca Gamarra, quien indicó que presentar este arbitrio -que firman diputados y senadores del Comunidad Popular- era “necesario” y una “obligación recatado” del Partido Popular, ya que, según dijo ya es el “único partido de Estado que queda en el portería parlamentario de nuestro país”.
En una comunicación grabada, Gamarra indicó que este arbitrio plasma las “infracciones y vulneraciones” de la Carta Magna” en las que incurre la ley de remisión, una norma que, según dijo, examen “borrar delitos cometidos” para que Sánchez pueda mantenerse en el poder “entregando el privilegio de la impunidad y destruyendo el principio de igualdad de los españoles en presencia de la ley”.
Gamarra aseguró que desde el Partido Popular siempre se defendió que la remisión era “inconstitucional”, “injusta” e “inmoral” porque, según dijo, su única premisa era “otorgar inmunidad a una casta política para que Sánchez fuera presidente del Gobierno de España”. Es más, indicó que es “expresamente inconstitucional” porque es “arbitraria” y supone una “autoamnistía”, ya que fue impulsada por los mismos que se benefician de ella.